Pres.o.s. vascos, medidas carcelarias de excepción – Oihane Larretxea

 

 

 

 

Gara. Las condiciones represivas que sufren los presos políticos vascos en las cárceles españolas y francesas repercuten de manera directa en su estado de salud. En la actualidad, uno de cada cuatro presos está enfermo y el 6% está muy grave. Además, los trastornos sicológicos van en aumento.

La dispersión, el aislamiento, las presiones o los impedimentos para comunicarse con la familia y amigos son algunas de las medidas represivas que los estados francés y español aplican a los presos políticos vascos. Unas medidas que son más graves, si cabe, en el caso de las presas y presos que padecen alguna enfermedad física o síquica -o ambas-. Según el último informe realizado por la asociación Jaiki Hadi, dedicada a prestar asistencia a cualquier persona que haya sufrido, o esté sufriendo, la violencia política-, el 25% de los presos políticos vascos está enfermo, y el 6% está muy grave.

Además de denunciar la política carcelaria de ambos estados, el informe detalla la situación de diez presos que sufren enfermedades graves [véase la parte inferior de este reportaje] en estado muy avanzado: cáncer, sida, trastorno esquizoafectivo… Algunos estos males ya no tienen cura debido a que los diagnósticos han sido tardíos, y los posteriores controles y seguimientos no se realizan con la frecuencia y las condiciones que se precisan por los impedimentos y «excusas absurdas» de los responsables de las instituciones penitenciarias.

Según el artículo 92 del Código Penal español, las personas encarceladas con enfermedades graves tienen derecho a recobrar la libertad y vivir en un ambiente adecuado con el objetivo de evitar su empeoramiento. «No debemos olvidar que ha sido la cárcel la que ha provocado muchos de estos casos», advierten desde la citada asociación. A pesar de todo, una vez tras otra se les niega la libertad condicional y en otros casos se les niega el acercamiento. Jaiki Hadi considera que con las penas actuales -hasta 30 y 40 años-, se aplica de facto la pena de muerte.

La asociación ha enumerado los cinco pilares de la política penitenciaria que acarrean tales consecuencias: régimen carcelario más estricto -primer grado-, dispersión, intervención de todo tipo de comunicaciones -sean físicas o escritas-, aislamiento y condenas a «cadena perpetua».

Todas y todos los presos políticos vascos han sufrido, y sufren, alguna de estas medidas y pagan sus consecuencias. Los números así lo demuestran. En la actualidad, hay más de 700. De ellos, 112 padecen enfermedades físicas -20 en el Estado francés y 92 en el Estado español- y 40 reciben asistencia sicológica -5 en las cárceles francesas y 35 en las españolas-.

No obstante, una sicóloga de Jaiki Hadi alerta de que la lista es «muy variable» y que el número real de enfermos es mucho mayor. «Detectar todos los casos es muy difícil», añade, a la vez que asegura que cada vez son más los males sicológicos: cuadros depresivos, paranoias, delirios, esquizofrenia, ansiedad, brotes sicóticos, estrés postraumático como consecuencia de las torturas…

Chequeos con presencia policial

Otro de los factores relevantes en la asistencia sanitaria que reciben es la prohibición de recibir la visita de un médico de confianza. Aunque la propia normativa carcelaria contempla este derecho -con ciertas condiciones-, los presos vascos están desamparados. Así, sólo médicos y enfermeros de las cárceles están autorizados para hacer las revisiones. Incluso, los centros penitenciarios se reservan el derecho de mostrar los informes médicos al preso, a sus familiares o a los médicos de confianza. La sicóloga explica que, ante esta restricción, «los presos se sienten inseguros y desconfían de que lo recetado sea lo que realmente necesitan».

Sólo unos pocos sicólogos tienen autorización para atender a los presos y presas en la misma cárcel. Jaiki Hadi recuerda que las condiciones en las que se llevan a cabo esas revisiones son «lamentables». Además de realizarlas ante la supervisión del sicólogo de la prisión, se desarrollan en las cabinas de visitas y tienen prohibido comunicarse en euskara. Por lo tanto, se viola, una vez más, el derecho a una asistencia sanitaria confidencial y segura. La situación actual es cada vez peor porque, tal y como explica una sicóloga que atiende a los presos, casi la totalidad de las asistencias de los profesionales externos están siendo prohibidas.

Lamentables son también las condiciones de los traslados de los presos a los hospitales cuando, tras una larga espera, han de realizar alguna prueba, como fue, entre otros tantos, el caso de Laura Rieri. A pesar de estar en su sexto mes de gestación con un «embarazo de riesgo», viajó en una furgoneta policial en lugar de hacerlo en una ambulancia medicalizada. Precisamente, la intimidad se reduce aún más en el caso de las presas que han de pasar por una consulta ginecológica. Mientras la presa Idoia Martínez daba a luz, mantuvieron abiertas las puertas del paritorio para que los agentes pudieran «custodiar» la sala.

Los casos que ocupan estas páginas son sólo la punta de un gran iceberg. «Es hora de sacar todo a la luz, antes de que sea demasiado tarde», advierte Jaiki Hadi.

Egun, larrien dauden euskal presoak

La hora de activar todas las alarmas

Jaiki Hadi considera que todos estos casos son el resultado de situaciones crueles y graves a las que las autoridades españolas y francesas tienen sometidos a los más de 700 presos políticos vascos. Vista la situación, ha considerado necesario activar todas las alarmas. Las secuelas sicológicas son tan devastadoras que, desde 1985, ocho presos se han suicidado en sus respectivas celdas. «¿Qué es lo que ocurre para que, personas que estaban equilibradas, tomen una determinación tan extrema?», se pregunta una sicóloga de la asociación. Y responde que el único responsable es este sistema penitenciario «porque el deterioro sicológico no viene por sí solo». En otros casos, ha sido la «dejadez» de la política carcelaria la que «ha dejado morir» a cinco prisioneros, también desde 1985. Tres de ellos son Joseba Asensio, fallecido ese mismo año de tuberculosis en Herrera de la Mancha; Pello Mariñelarena, que murió a causa del sida en Fresnes en 1993; y Roberto Sainz Olmos, que sufrió un infarto en la cárcel de Aranjuez en 2006.

La de Sainz fue la última muerte acaecida en esas circunstancias, aunque Jaiki Hadi recuerda que hay otra «lista negra», la que conforman los presos que son puestos en libertad después de enfermar en prisión, «es decir, que los liberan para dejarlos morir en casa». De los ocho casos detectados desde 1986, todos fallecieron a los pocos meses de ser excarcelados.

 

Fonte: http://www.gara.net/paperezkoa/20110727/281326/es/Presos-vascos-medidas-carcelarias-excepcion


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