Mensaje internacional contra las medidas de excepción carcelarias

RECHAZO A LA POLÍTICA CARCELARIA

La declaración «En el camino de la paz», lanzada con la firma de doce personalidades referenciales de los derechos humanos, pide abandonar la dispersión, la doctrina 197/2006 y la persecución a la labor política

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Iñaki IRIONDO | GASTEIZ

Una docena de personas de diferente origen profesional y geográfico, a las que une su extensa experiencia en la defensa de los derechos humanos, han suscrito la declaración “En el camino de la paz, respetad los derechos de las personas presas», en torno al proceso de paz en Euskal Herria y la situación de las presas y presos vascos.

El escrito parte de la firma del Acuerdo de Aiete, la respuesta dada por ETA y la falta de nuevos movimientos, y se centra en la necesidad de acabar con las medidas excepcionales que los gobiernos han ido adoptando a lo largo de estas décadas. Se fijan sobre todo en aquellas relacionadas con la política penitenciaria, como el alejamiento, las ampliaciones de condena, el trato a los enfermos y los detenidos por su militancia en partidos o por su trabajo en medios de comunicación.

Los firmantes de la declaración sostienen que «este nuevo escenario, afianzado tras más de doce meses del cese definitivo de la actividad armada de ETA, también necesita nuevos pasos para avanzar hacia una solución política del conflicto». A su juicio, «es hora de poner fin a las medidas excepcionales que se habían adoptado. Estas medidas se han convertido no solamente en inútiles sino también en contraproducentes».

La declaración subraya que «se debe responder al cese de la actividad armada con medidas políticas que ayuden a crear las condiciones para una paz justa y duradera».

Petición a Madrid y París

La iniciativa internacional reclama a los gobiernos español y francés cuatro pasos «de cara a consolidar el proceso de paz».

El primero de ellos es «el fin de la política de dispersión, medida arbitraria aplicada a los presos vascos, y su acercamiento a prisiones situadas cerca de sus familiares».

También solicitan «la liberación de los presos a los que los tribunales españoles han aplicado la Doctrina 197/2006 (también denominada Doctrina Parot), así como la liberación de aquellos presos y presas que pueden ser liberados en aplicación de las medidas de libertad condicional».

El tercer punto es «la inmediata excarcelación de los presos gravemente enfermos y que acorde a la legislación vigente deberían ser puestos en libertad para el adecuado tratamiento de sus enfermedades».

Por último, estas doce personalidades, firmes defensoras de los derechos humanos que han trabajado en distintas partes del mundo, demandan «la inmediata puesta en libertad de Arnaldo Otegi y demás personas encarceladas por su mera opinión o actividad política, desarrollada en partidos políticos, sindicatos, organizaciones juveniles, movimientos sociales o en medios de comunicación». En el mismo apartado incluyen «el archivo de estas causas y el levantamiento de las órdenes de detención europeas emitidas por delitos de la misma naturaleza».

Oportunidad histórica

La iniciativa «En el camino de la paz. Respetad los derechos de las personas presas”, dada a conocer ayer, arranca refiriéndose a la Conferencia Internacional de Aiete y a la declaración que surgió de ella, en la que «agentes internacionales conminaban a un proceso de diálogo y negociación, previa declaración del cese definitivo de la actividad armada de ETA. Dicha declaración por parte de ETA se produjo unos días después», recuerdan. Los firmantes sostienen que el paso de la organización armada dio lugar a «una oportunidad única en la historia para atender tanto las causas como las consecuencias del conflicto».

Tras las peticiones realizadas a los gobiernos español y francés, los doce firmantes de la declaración recuerdan que «la prioridad hoy, debe ser la construcción de un espacio político de diálogo y no el recurso a las recetas habituales por parte de la policía y la justicia».

Y concluyen señalando que «es tiempo de construir la paz, es tiempo de construir un futuro basado en los derechos humanos, en la justicia, la verdad y la reparación para todos aquellos que han sufrido a lo largo del conflicto».

Lakua insta a Madrid a «hacer las cosas bien» con los presos

El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, Jonan Fernández, advirtió ayer al Gobierno español de que los beneficios penitenciarios «no son privilegios, sino derechos». Fue al hilo de la decisión de Madrid de denegar el tercer grado a dos de los presos de la llamada «vía Nanclares», encarcelados en Zaballa.

En una lectura más general, en la que incluyó también las amenazas de incumplir una eventual anulación de la doctrina 197/2006, Fernández dijo que «no podemos hacer del derecho, los derechos humanos, el cumplimiento de la ley, un traje a medida de la coyuntura y los intereses». Y alertó a los mandatarios de Madrid de que «hacer las cosas bien» en materia penitenciaria «tiene una gran importancia para consolidar la paz social y preparar una convivencia de futuro, integrada, capaz de superar los obstáculos y nudos del pasado».

Patxi Zabaleta, coordinador de Aralar, calificó de «desastre» esas decisiones del Ministerio de Interior en materia penitenciaria. En este punto, respaldó las palabras de Laura Mintegi que estudia la Fiscalía y diferenció entre los «mercenarios» del BBV o el GAL y los «luchadores» que practicaron la lucha armada convencidos de su necesidad.

En este revuelo por el rechazo al tercer grado a los presos de Zaballa, Interior filtró que a finales de mes será puesto en libertad un joven condenado a cuatro años y medio por «kale borroka» y que ha cumplido un año. Madrid argumenta que ha mostrado su arrepentimiento en un papel. GARA


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