Ocho jóvenes más condenados a prisión por su labor política

PROCESOS POLÍTICOS

El Supremo estira la cadena de las condenas políticas con un fallo por militar en Segi en el que absuelve a los otros siete donostiarras castigados. Repulsa del Ayuntamiento de Donostia, partidos y sindicatos abertzales

Imanol INTZIARTE | DONOSTIA

El Tribunal Supremo español ratificó ayer la sentencia de seis años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional en setiembre de 2010 a ocho jóvenes donostiarras por formar parte de la organización juvenil Segi. Los condenados son Imanol Vicente, Nahikari Otaegi, Ekaitz Ezkerra, Aitor Olaizola, Adur Fernández, Oier Lorente, Mikel Arretxe y Egoi Alberdi.

El Alto Tribunal sí estima el recurso de casación presentado por los otros siete enjuiciados -Ekaitz de Ibero, Igor Álvarez, Urko Pikaza, Asier Mariezkurrena, Unai Pérez, Pello Lamarka y Beñat Apalategi-, por lo que decreta su absolución.

Los magistrados diferencian entre la «militancia activa» en Segi y la «mera adscripción», castigando la primera al considerarla «un delito de pertenencia a organización terrorista». Los afectados comparecerán este mediodía en el Boulevard para exponer su análisis y explicar qué iniciativas van a tomar de ahora en adelante.
Estos jóvenes fueron detenidos en varias redadas que tuvieron lugar a finales del año 2007. Las circunstancias de cada uno han sido diferentes, ya que algunos fueron incomunicados y otros no, algunos denunciaron haber sufrido malos tratos, una parte ingresó en prisión preventiva, donde permaneció una media de año y medio.

En julio de 2010 se celebró el juicio en la Audiencia Nacional, y la sentencia salió en setiembre. Los quince que resultaron condenados recurrieron al Supremo. La vista tuvo lugar un año después, en setiembre de 2011, y el Supremo ordenó a la Audiencia Nacional que volviera a redactar la sentencia por ciertos defectos de forma en lo relativo al derecho a la defensa. La Audiencia Nacional emitió una nueva sentencia y los jóvenes la recurrieron. La vista definitiva se celebró el pasado febrero y ayer el Supremo hizo pública su decisión.

La sentencia suscitó numerosas declaraciones de rechazo como la del Gobierno municipal de Donostia, localidad de la que todos los encausados son vecinos. Cabe recordar que el 20 de febrero la comisión de Derechos Humanos ya aprobó, con votos de Bildu y PNV, un texto en el que se reclamaba la absolución al entender que las acusaciones hacían «tambalear el respeto al derecho de reunión y participación política o la libertad de expresión». La coalición EH Bildu, sus partidos y los sindicatos ELA y LAB también remitieron sendas notas para expresar su crítica a esta decisión judicial.

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