Grecia: crisis de Gobierno en un clima de polarización social
by editor | 2013-06-22 10:00 pm
Las tensiones desatadas durante los últimos días en el seno de la coalición de gobierno en Grecia se producen en el marco de un profundo deterioro de las relaciones entre el partido del primer ministro Antonis Samarás, Nueva Democracia, y los dos socios menores del pacto, Pasok e Izquierda Democrática (Dimar). La crisis, que amenazaba ruptura y elecciones anticipadas, se saldó el viernes con la salida de esta última formación, que no pudo digerir la forma en que Samarás ha gestionado el cierre de la Radio Televisión de Grecia (ERT).
Las continuas llamadas a la responsabilidad de los partidos, por parte de ciertos analistas, y las amenazas mediáticas sobre el caos en que se sumergiría el país en caso de tener que ir a unas nuevas elecciones han sido utilizadas contra una población que mayoritariamente se opone al cierre de la cadena pública. El recurso del miedo es una táctica muy socorrida para esos momentos en que la ciudadanía consigue sobreponerse al estado de shock provocado por las atosigantes políticas de austeridad.
Ocurre, sin embargo, que determinadas medidas funcionan como denotante de la indignación popular, y el súbito cierre de la ERT, el pasado 11 de junio, ha sido el último de ellos en el escenario de la tragedia que se está representando en este país. Los grandes medios han dado como buenas las explicaciones de Samarás, quien para justificar el cierre de la cadena estatal, y dejar a 2.700 trabajadores en la calle, argumentó que «los privilegios en la ERT estaban bien protegidos y la falta de transparencia lo impregnaba todo», mientras que sindicatos y trabajadores se movían en un clima de corrupción y despilfarro a la que había que poner fin.
No importó que con nombres, apellidos y pruebas documentales los ahora despedidos mostraran la nómina de los altos cargos designados a dedo por el actual Gobierno, sus méritos profesionales y sus relaciones familiares o de amistad con responsables del partido de Samarás. O que los balances de la actividad demostraran que la cadena es rentable desde el punto de vista social y económico. La prensa no atendió a estas denuncias, e insistió en que la reforma del sector público debe ser llevada a término por duro que pueda resultar el camino. No por casualidad, son estos mismos medios los que no escatiman elogios hacia la gestión que el Ejecutivo está llevando a cabo, entendiendo que las políticas de austeridad son un mal necesario para salir de la crisis.
Lo cierto es que de un solo plumazo Samarás solucionó el problema de los 2.000 despidos en la Administración, que debían llevarse a cabo antes de fin de mes, y que habían sido exigidos por los acreedores internacionales. Pero además consiguió borrar de las cabeceras de los diarios los sonados fracasos en el programa de privatizaciones, justo en unas fechas en las que una delegación de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) se hallaba en Atenas para fiscalizar la marcha de las medidas de ajuste presupuestario.
Por su parte, tanto Pasok como Dimar, mostraron una falsa firmeza que no se ha correspondido ni con la defensa de los trabajadores y la integridad de la ERT, ni mucho menos con un nítido posicionamiento en favor de los principios democráticos sobre los medios de comunicación públicos y el derecho al pluralismo informativo.
«Son un teatro»
Así, mientras Babis Kokosis, periodista de la cadena, expresaba a GARA que «tanto Pasok como Dimar han evitado comprometerse con la defensa de los trabajadores adoptando una postura cercana a Samarás, para quien ya no existimos como entidad», Kostas Isijós, responsable de Relaciones Internacionales del principal partido opositor (Syriza), explicaba que las discusiones entre los tres partidos «son un teatro, puesto que ninguno de ellos quiere ir a unas elecciones, ya que todos tienen mucho que perder y muy poco que ganar».
El periodista se mostró cauto incluso con el dictamen del Consejo de Estado, máximo tribunal en materia administrativa del país, pues pese a demandar la reanudación de las emi- siones de la ERT «las relaciones entre el poder judicial y el poder político han sido tradicionalmente muy estrechas, y sería sorprendente una ruptura en estos momentos para llevarle la contraria al Gobierno». Kokosis señaló que, pese a todo, «los trabajadores continuamos animados y creemos en la utilidad pública y en el papel social que desarrolla la cadena, a la vez que decimos que no tenemos nada que ver con las acusaciones que desde el Ejecutivo nos han lanzado».
A su vez, el dirigente de Syriza consideró que con la deriva autoritaria de Samarás «la democracia muere día a día», y pese al acuerdo al que puedan llegar los dos partidos de Gobierno «el problema ha pasado a tener una dimensión europea, internacional, porque lo que está en juego es el respeto a la democracia».
Pocas horas después de desaparecer la piedra en el zapato de Samarás, el ministro de Finanzas, Yanis Sturnarás, volvió a la carga contra los trabajadores del canal y los miles de solidarios reunidos desde hace días en el recinto de los estudios centrales con la amenaza de un violento desalojo policial. La pérdida de apoyo parlamentario y popular se ha traducido en una huída hacia delante del Gobierno, decidido a retrasar todo lo posible la ejecución de la sentencia del Consejo de Estado y a ignorar las fuertes críticas que desde Europa están llegando en favor de los trabajadores.
En las próximas horas, Samarás tratará de romper por la fuerza la ejemplar resistencia de los trabajadores que, con la ayuda de miles de personas, han mantenido en pie la señal de la ERT, fundamentalmente a través de internet, y han desarrollado actividades, asambleas y una incipiente organización popular decidida a defender el derecho a contar con medios públicos de información como bien social.
Este movimiento ha logrado reunir un altísimo apoyo ciudadano y poner en evidencia el autoritarismo de Samarás, que gobierna por decreto de espaldas al Parlamento, pero tiene ante sí la difícil batalla de rebatir la afirmación del Gobierno de que «la ERT ya no existe».
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