El PSOE quiere que mentir en sede parlamentaria “no quede impune”

    La portavoz socialista, Soraya Rodríguez. – E.P

La portavoz de los socialistas, Soraya Rodríguez, anuncia una serie de propuestas para reformar el reglamento del Congreso entre las que se encuentra la reprobación del presidente y solicitan

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha anunciado una serie de propuestas de su grupo que, entre otras cosas, derivará en una petición de reprobación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque “no puede quedar impune” su “mentira en sede parlamentaria” sobre el caso Bárcenas.

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, Rodríguez ha explicado este lunes que el PSOE ha registrado una proposición de ley para reformar el reglamento así como una solicitud de interpelación urgente al propio Rajoy “para poder debatir en el Congreso las falsedades vertidas en relación con el escándalo de financiación ilegal de su partido”.

Después, en la moción consecuencia de dicha interpelación, el grupo socialista pedirá la reprobación del presidente.

Además, ha advertido de que los socialistas no renuncian a presentar la moción de censura porque, ha insistido, “la mentira política en sede parlamentaria no puede quedar impune” y el grupo socialista en el Parlamento tomará todas las medidas precisas para que eso no ocurra.

Por otra parte, y ante el anuncio del PP de emprender acciones legales contra el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, por afirmar que los populares han tenido caja B y sobresueldos en B, Rodríguez ha señalado que ya en la instrucción judicial varios testigos han acreditado que “indudablemente el PP operaba con una contabilidad distinta, B”.

Una contabilidad, ha añadido, que estaba “al margen” de la que el PP remitía al Tribunal de Cuentas.

“Todo era verdad salvo alguna cosa”

Así, Rodríguez se ha dirigido al número tres del PP, Carlos Floriano -que fue quien anunció el domingo dichas acciones- para advertirle de que igual tiene que ir él a los tribunales, en concreto a la Audiencia Nacional, a explicar “cómo 40 dirigentes populares, incluido de él, han cobrado del partido 22 millones de euros”.

“Cada vez se está viendo que todo era verdad salvo alguna cosa”, ha añadido.

Como el reglamento del Congreso no contempla la interpelación directa al presidente del Gobierno -la interpelación se hace al Gobierno y éste decide qué ministro la responde- los socialistas quieren una reforma que obligue al jefe del Ejecutivo a someterse a dicha interpelación.

También quieren cambiar el reglamento -y así lo han recogido en una proposición de ley registrada hoy- para que, si tras interpelar al presidente piden en una moción su reprobación por haber faltado a la verdad, dicha iniciativa se debata en menos de 24 horas desde su registro.

Mantienen además los socialistas su intención de proponer una reforma constitucional que permita la figura anglosajona del “impeachment”, el procesamiento del presidente por parte del Parlamento que derivaría legalmente en su dimisión.

Quieren en definitiva que si el jefe del Ejecutivo miente en sede parlamentaria el ordenamiento jurídico pueda responder con el “mayor reproche legal” posible y contemple consecuencias “vinculantes”.

Durante su comparecencia el 1 de agosto en el Congreso, Rajoy “se excusó de cualquier tipo de responsabilidad” en este caso “citando a aquel tesorero infiel – en referencia a Luis Bárcenas- en el que confió algún día”, ha señalado Rodríguez.

Y después, ha continuado la portavoz socialista, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, “derivó toda responsabilidad en el pago de la indemnización o el salario real” de Bárcenas “en Rajoy y Javier Arenas” mediante un acuerdo del que ella “sólo fue la mano ejecutora”.

Una vez conocido que Bárcenas, “supuestamente apartado de su puesto”, mantenía “despacho, secretaria, chófer”, los socialistas han decidido presentar estas iniciativas porque “la mentira política en sede parlamentaria no puede quedar impune”, ha concluido Rodríguez.

Los socialistas han pedido la convocatoria de una Diputación Permanente que decida si se celebra un pleno para poder debatir la interpelación.

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