La Federación Internacional de Derechos Humanos constata irregularidades en las elecciones

COMUNICADO

La misio?n de observacio?n electoral de la Federacio?n Internacional de Derechos Humanos ante las mu?ltiples irregularidades y violaciones de derechos humanos constatadas en las elecciones en Honduras

– La misio?n de observacio?n electoral de la Federacio?n Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reitera las denuncias de irregularidades en el proceso electoral honduren?o.

– La delegacio?n insta al Ministerio Pu?blico a atender las demandas de los partidos políticos que no reconocen los resultados oficiales divulgados por el Tribunal Supremo Electoral y las denuncias de delitos electorales.

Tegucigalpa, 3 de diciembre de 2013. Como delegacio?n [1], la misio?n de observacio?n electoral en Honduras –organizada por la FIDH, con apoyo del Centro de Investigacio?n y Promocio?n de los Derechos Humanos (CIPRODEH) en el marco de las elecciones del pasado 24 de noviembre de 2013-, reiteramos nuestra profunda preocupacio?n ante las mu?ltiples irregularidades constatadas en el proceso electoral- elecciones Presidenciales, legislativas y municipales. Tales irregularidades nos llevan a instar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Ministerio Pu?blico a atender las demandas de revisio?n y auditoría de los resultados formulados por el Partido Anti-Corrupcio?n (PAC) y el Partido Libertad y Refundacio?n (LIBRE), quienes no aceptan ni reconocen los resultados oficiales divulgados por el TSE.

El día 25 de noviembre, como delegacio?n de la FIDH denunciamos de manera pu?blica, y con enorme preocupacio?n, irregularidades en el proceso electoral observado y la proclamacio?n de los resultados de forma inmediata. La observacio?n directa del proceso nos permitio? constatar: el hecho de que un nu?mero significativo de ciudadanos y ciudadanas no pudieron votar por figurar como difuntos en los padrones electorales o que presenta?ndose a la mesa electoral no pudieron ejercer el sufragio porque otras personas habían votado por ellos, la compra de credenciales o la puesta en pra?ctica de mecanismos de influencia en la decisio?n del voto de los ciudadanos a trave?s del ofrecimiento de beneficios econo?micos por afiliacio?n al Partido Nacional mediante la entrega de tarjetas personalizadas de descuento en comercios y servicios que adema?s podri?an suponer financiacio?n irregular de la campan?a electoral.

Cuestionamos tambie?n otras pra?cticas que contribuyen a aumentar las irregularidades de todo el proceso: la falta de transparencia en la financiacio?n de las campan?as poli?ticas, la poca claridad sobre el origen de determinados recursos econo?micos aplicados a ella, en especial por parte del Partido Nacional, y la denuncia de pra?cticas que pueden haber implicado manipulacio?n del conteo electro?nico de votos y en la transmisio?n de los datos de las actas de las mesas electorales. Nos preocupa enormemente la fuerte presencia militar en los centros electorales y el uso de las Fuerzas Militares en tareas propias de la policía.

Por otra parte, partidos poli?ticos que han obtenido un importante apoyo electoral denunciaron a su vez las irregularidades del proceso. El di?a 27 de noviembre de 2013, el Partido Anti-Corrupcio?n impugno? los resultados oficiales emitidos por el TSE y el viernes 29 de noviembre, el Partido LIBRE denuncio? irregularidades en el proceso electoral, principalmente en relacio?n al sistema electro?nico de transmisio?n de datos. Dichas denuncias deben ser seria e imparcialmente investigadas.

Ante los hechos anteriormente expuestos, consideramos una obligacio?n ineludible de las instituciones electorales honduren?as poner en marcha, de forma inmediata y de la manera ma?s transparente posible, una auditori?a de verificacio?n de resultados electorales sobre los siguientes aspectos:

– Realizacio?n de cotejo y recuento de las 16.135 actas originales de cierre de votacio?n presidencial. Tal recuento debera? ser realizado en presencia de miembros de todos los partidos, incluidos los que demandan esta accio?n, partidos que a pesar de representar fuerzas poli?ticas significativas han carecido de participacio?n dentro del Tribunal Supremo Electoral.

– Realizacio?n de una auditori?a internacional post electoral del sistema de transmisio?n electro?nico de datos.

– Proporcionar los informes de cada partido sobre las credenciales de los observadores de mesa para esclarecer las acusaciones de actos de corrupcio?n relacionados con la venta de estas credenciales.

– Apertura de una investigacio?n en relacio?n a las falsificaciones y alteraciones de materiales electorales por parte de la Fiscalía Especial sobre Delitos Electorales del Ministerio Público.

Igualmente reiteramos la preocupacio?n expresada en el comunicado emitido el 25 de noviembre sobre las denuncias recibidas en relacio?n a la existencia de listas de personas identificadas como objetivos para asesinatos selectivos. La delegacio?n ha recibido informacio?n de que al menos 5 personas que figuran en las listas presentadas han sido vi?ctimas de persecucio?n, al grado de tener constancia de dos casos en que se han visto obligados a refugiarse fuera de su entorno diario para proteger sus vidas. A su vez evidenciamos las denuncias recibidas en relacio?n al asesinato de cuatro activistas del partido LIBRE desde el 23 de noviembre, sumados a los ma?s de treinta asesinatos contra miembros de este partido acaecidos en el u?ltimo an?o, preocupacio?n que transmitimos a la Fiscali?a de la Corte Penal Internacional, por la persistencia de hechos de violencia poli?tica que podri?an ser considerados como sistema?ticos.

Consideramos necesario recordar que los derechos civiles y poli?ticos, contemplados en las declaraciones y pactos de los sistemas interestatales de derechos humanos, imponen el deber de garante y de debida diligencia por parte del Estado honduren?o; la fiscalizacio?n ciudadana de la gestio?n de lo pu?blico es un elemento fundamental en la construccio?n de la democracia y las movilizaciones ciudadanas pacíficas deben ser respetadas como ma?xima expresio?n del derecho a la libertad de expresio?n y manifestacio?n, y condenamos que estas puedan llegar a ser criminalizadas o reprimidas, lo que supondri?a una inaceptable restriccio?n de las libertades y derechos fundamentales de la poblacio?n honduren?a.

NOTAS:

[1] La misio?n esta? integrada por: Baltasar Garzo?n jurista y defensor de derechos humanos espan?ol, Luis Guillermo Pe?rez Casas abogado y responsable de misio?n de la FIDH, Lisa Haugaard del Latin America Working Group, Annie Bird de Rights Action, Mirna Perla ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Julieta Gonza?lez de APRODEV-Programa de Incidencia para Centroame?rica, Bruselas, Susanna Daag de la Iniciativa de Copenhague para Centroame?rica (CIFCA) Bruselas, Hollman Morrris periodista y defensor de derechos humanos de Colombia, Enrique Santiago del Foro de Abogados de Espan?a, Beatriz Gil del Instituto de Estudios Poli?ticos para Ame?rica Latina y A?frica (IEPALA), Espan?a, y Pascal Paradis de Abogados sin Fronteras Canada?.

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