MERCOSUR y Estados de América Latina rechazan uso de la fuerza en Venezuela

by Derecho Internacional, Nicolás Boeglin | 2017-08-15 8:30 am

Ante las declaraciones dadas a conocer el pasado 11 de agosto por parte del Presidente de Estados Unidos sobre una “opción militar” en el caso de Venezuela (véase nota[1] de prensa), varios Estados de América Latina así como los Estados Miembros del MERCOSUR han reaccionado de forma inmediata o casi.

En sus declaraciones a la prensa, el Presidente de Estados Unidos señaló que: “No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo“.

Bolivia emitió el mismo 11 de agosto este comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores. A diferencia de los demás comunicados que veremos a continuación (y que no refieren expresamente a Estados Unidos como tal), el texto circulado por Bolivia rechaza las declaraciones y recrimina directamente al Estado autor de esta amenaza militar. Lo reproducimos de forma integral:

Bolivia condena declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia condena enérgicamente las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, del día viernes 11 de agosto de 2017, mediante las cuales, amenazó con una posible opción militar a la hermana República de Venezuela.

Bolivia censura este tipo de declaraciones que ponen en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como cualquier intento de intervención militar en el mundo bajo el pretexto de querer proteger los derechos humanos en Estados soberanos.

Es reprochable que un Mandatario de un país considerado desarrollado asuma que el resto del mundo se encuentra bajo su tutela y que por lo tanto cree tener el derecho de intervenir países, violando toda norma y principio del Derecho Internacional. El Estado Plurinacional de Bolivia hace un urgente llamado a la Comunidad Internacional a rechazar este tipo de intimidaciones y a salir en defensa de los principios del respeto a la soberanía, la libre autodeterminación e independencia de los Estados”.

Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia: la última intervención norteamericana es la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Interacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua (véase texto [2]de la sentencia). En este último caso, se obtuvo la condena por parte de la CIJ de las acciones norteamericanas; no obstante, el 12 de setiembre 1991, la misma Nicaragua retiró la demanda indemnizatoria, dando por concluído este asunto (véase ordenanza[3] de la CIJ del 26 de setiembre de 1991).

Cuando se procede a una reprobación oficial de las acciones de Estados Unidos en contra de un Estado, esta se manifiesta casi siempre recurriendo a un léxico que evita designar expresamente a Estados Unidos. En el 2016, una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de “desagravio” a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refiere a los “acontecimientos de abril de 1965” (véase nota[4]publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada).

La reacción colectiva de los Estados del MERCOSUR

Menos de 24 horas después de pronunciadas las palabras del Presidente Trump, los Estados del MERCOSUR se manifestaron rechazando de forma vehemente toda solución que implique el uso de la fuerza en Venezuela, al afirmar en un comunicado con fecha del 12 de agosto que:

“El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales” (véase texto completo del comunicado conjunto circulado del 12 de agosto reproducido al final de esta nota).

Estas declaraciones del Presidente Trump se dan en el marco de la escalada verbal con Corea del Norte. Nótese que pese a su peculiar estilo, es la primera vez en su mandato que el Presidente norteamericano alude públicamente ante medios de prensa a una opción militar para resolver la situación en Venezuela. El pasado 26 de julio, las infidencias del responsable de la agencia norteamericana de inteligencia sobre Venezuela indicaron de acciones concertadas con Estados de América Latina, sin precisar el tipo de opciones valoradas (véase nota[5] del Miami Herald sobre declaraciones de Mike Pompeo).

Es de notar que en la Declaración de Lima adoptada por 12 Estados (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) el pasado 8 de agosto, se lee (punto 5) que estos 12 Estados expresaron: “Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza” (véase nota [6]con texto reproducido).

Será de sumo interés observar si estos 12 Estados, a título individual (o bien en forma colectiva), condenan ahora las declaraciones dadas por el Presidente de Estados Unidos.

Las reacciones oficiales no colectivas de otros Estados

El Estado anfitrión, Perú se adelantó al circular el mismo 12 de agosto el siguiente comunicado[7], titulado “Perú rechaza cualquier amenaza al uso de la fuerza en Venezuela – Comunicado Oficial 028 – 17, en el que se puede leer que: ​

“Una negociación de buena fe, con objetivos claros y plazos precisos, es la única vía aceptable para recobrar la democracia en Venezuela. Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, así como los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El Perú rechaza cualquier amenaza o el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas“.

De igual forma, Colombia emitió el siguiente comunicado en la misma fecha del 12 de agosto, sugiriendo una mediación del Secretario General de Naciones Unidas en Venezuela, y que reproducimos a continuación de manera integral:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha sido explícito en su condena a la ruptura constitucional de Venezuela. Considera urgente mantener la postura adoptada por varios países y las declaraciones y decisiones individuales y colectivas en la región para restablecer las instituciones democráticas en Venezuela, tal y como lo hicimos en la Declaración de Lima del 8 de agosto pasado.

A pesar de las dificultades actuales para lograr una salida pacífica y negociada, seguimos creyendo que este camino es el adecuado para encontrar soluciones de largo plazo para el pueblo venezolano. En este contexto y respetando los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, hemos hecho llamados al Secretario General de Naciones Unidas para que utilice los mecanismos de solución pacífica de controversias y buenos oficios para crear las condiciones que se requieren para una negociación que ponga fin a la crisis de ruptura democrática en Venezuela.

En este sentido, rechazamos medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional. Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas”.

De manera similar, pero con un contenido distinto, este mismo 12 de agosto, México se ha manifestado en los siguientes términos mediante un comunicado[8] de su diplomacia titulado “México continuará trabajando por una solución pacífica a la crisis en Venezuela“, en el que se lee que:

El gobierno de México, con pleno apego a las normas y principios de derecho internacional contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa su rechazo al uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y afirma que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas.

El 8 de agosto, 12 países, México entre ellos, adoptaron la Declaración de Lima en la que condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela, no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y expresan que los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado. De igual manera, los países firmantes de la declaración de Lima rechazaron de manera enérgica la violencia y el uso de la fuerza.

México reitera el contenido de la Declaración de Lima y seguirá haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que se restaure la democracia en Venezuela a través de una salida pacífica y negociada”.

Por su parte, Ecuador, Estado que no participó al encuentro en Lima, expresó mediante comunicado de su cancillería que:

“El gobierno de Ecuador reitera la necesidad de respetar, dentro del marco del Derecho Internacional, los principios de libre determinación, de no injerencia y de convivencia pacífica entre las naciones.

Recuerda a la comunidad internacional que la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz implica el compromiso de todas las naciones por preservar nuestro territorio común libre de amenazas o intervenciones militares de cualquier tipo.

En este contexto, expresa su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y rechaza cualquier amenaza sobre una posible intromisión militar en su territorio.

Ecuador reitera el llamado al diálogo como única forma de solucionar la situación del hermano pueblo venezolano”.

Finalmente, El Salvador, en un comunicado[9] del 13 de agosto, señaló que:

“El Salvador reitera su llamado a la solución pacífica en Venezuela

El Salvador, como país que vivió un conflicto armado, sigue firmemente convencido que la solución a la crisis en Venezuela es a través del diálogo y la negociación en la que participen todos los sectores sin excepción.

Ante el nivel de polarización al que se ha llegado en la sociedad venezolana, el diálogo es la única y mejor opción para evitar mayor sufrimiento y derramamiento de sangre.

Esta vía debe prevalecer sobre cualquier acción que vaya en detrimento al respeto a la soberanía de Venezuela y en contra de los principios que establece la Carta de las Naciones Unidas, instrumento que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza y el empleo de la misma como alternativas.

En ese sentido, consideramos que la mayor contribución de la comunidad internacional debe dirigirse a promover una salida pacífica y a no fomentar más la polarización o alguna medida que genere más violencia.”

A modo de conclusión

Estas y posiblemente otras reacciones oficiales en América Latina condenando el uso de la fuerza son entendibles: mucho menos lo es el silencio en estos casos. Como bien se sabe, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza constituyen ambos actos sumamente graves, al contravenir a su expresa prohibición, contenida en el Artículo 2 la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945 (y en el primer artículo de la Carta de la OEA de 1948). Se trata de una regla más que fundamental, fundacional del ordenamiento jurídico internacional contemporáneo. Además de ser repudiable (y repudiada), la amenaza del uso de la fuerza de un Estado en contra de otro Estado activa una serie de mecanismos, tanto en el marco de las Naciones Unidas como en el seno de la OEA.

La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo[11] de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017

Comunicado del MERCOSUR extraído de enlace[12] en el sitio del Palacio del Itamaraty (Brasil)

Venezuela: el MERCOSUR rechaza el uso de la fuerza para restablecer el orden democrático 12 de agosto del 2017

La decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR fue adoptada, el 5 de agosto, como consecuencia de la constatación de una grave ruptura del orden democrático en ese país. Desde entonces, aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales. Las medidas anunciadas por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente los últimos días reducen aún más el espacio para el debate político y para la negociación.

Los países del MERCOSUR continuarán insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región. El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país.

Al mismo tiempo, los países del MERCOSUR consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia. El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales.

Source URL: https://globalrights.info/2017/08/mercosur-y-estados-de-america-latina-rechazan-uso-de-la-fuerza-en-venezuela/

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