El Gobierno español adelanta elecciones en medio de una intensa crisis política
by JM Arrugaeta, Global Rights | 2019-02-19 10:25 am
El Gobierno español ha anunciado el adelanto de las elecciones legislativas para el 28 de abril. La decisión es consecuencia directa del fracaso del diálogo con el Gobierno autonómico catalán y el posterior rechazo de los presupuestos en el Parlamento, con los votos en contra, entre otros, de los partidos soberanistas de Cataluña (PdCat y Esquerra Republicana de Catalunya, ERC).
El Gobierno encabezado por el dirigente del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Pedro Sánchez, surgió apenas hace 8 meses como consecuencia del triunfo de una moción de censura, a causa de la corrupción, en contra del entonces Jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular (PP).
Las elecciones autonómica en la región de Andalucía fue el primer aviso a navegantes con el triunfo de una derecha y ultraderecha que se disputaban el banderín de quién era más intransigente y patriota. El tema central de la campaña, en una zona con graves carencias laborales y sociales, fue la situación en la alejada Catalunya. El llamado a defender la “unidad” de España caló lo suficiente y los resultados permitieron el acceso al Ejecutivo regional de la derecha, desplazando así al PSOE, que lo había ocupado desde el inicio de la Autonomía en el 1982.
Otros temas de fuerte polémica durante los pasados ocho meses han sido: la ley de “Memoria Histórica” y la intención del Gobierno de trasladar los restos del dictador, Francisco Franco, fuera del Valle de los Caídos, un monumental sitio funerario de apología al franquismo, situado cerca de la capital.
Igualmente en tonos agrios y fuertes han sido las discusiones y cuestionamientos de las leyes de género, el derecho al aborto o el inicio del acercamiento a cárceles del País Vasco de algunos presos, relacionados a ETA.
Sin embargo finalmente ha sido el conflicto catalán el que ha desencadenado la crisis. El fallido intento de diálogo político del Gobierno central con el Gobierno autonómico catalán (una coalición independentista de PdCat y ERC) derivó en el rechazo de los independentistas catalanes a apoyar los presupuestos, y el mismo coincidió con el inicio, 4 días antes, del polémico juicio a sus ex-dirigentes por el Tribunal Supremo por haber declarado unilateralmente la República catalana.
Un hecho político que las diversas acusaciones califican como rebelión, o sedición, a pesar de la ausencia de violencia del movimiento social independentista, por lo que las peticiones de cárcel oscilan desde los 11 hasta los 75 años.
Las filtraciones de que la pre-agenda de negociación frustrada incluía la figura de un “relator”, y una negociación sobre las posibilidades del ejercicio del derecho de autodeterminación, dentro del actual marco legal, provocó una virulenta reacción de la derecha, que acusó al Jefe de Gobierno, ni más ni menos, que de “traición a la patria” y de “romper España”.
El frágil Gobierno finalmente no pudo aguantar tanta presión y decidió el adelanto electoral pero la fecha, elegida de acuerdo a sus particulares cálculos partidistas, evita la posibilidad de un super-domingo electoral, por lo que las legislativas, que definirán Gobierno, serán casi un mes antes de las convocadas para el parlamento europeo, varias importantes regiones autonómicas y las municipales.
Las tres últimas encuestas disponibles sobre la intención de voto arrojan más incertidumbres que certezas pues sus datos se refieren a un ámbito nacional, sin tener en cuenta las particularidades territoriales ni el complicado sistema electoral español, una mezcla de proporcional y Ley D´Hont, en beneficio de un bi-partidismo que ya no existe.
Estas encuestas le dan una ligera victoria al PSOE, seguido de cerca por el PP, el derechista Ciudadanos y la coalición Podemos-Izquierda Unida, al mismo tiempo que anuncian la irrupción del ultraderechista Vox en el Parlamento.
Sin embargo, más allá de la cantidad de votos en total que obtengan las grandes formaciones “nacionales”, habrá que estar atento a la concentración territorial de votos, y a la presencia de los partidos de las “nacionalidades históricas” y de otros regionales, dado que en España no hay circunscripción única (excepto en las del Parlamento Europeo) y los diputados se distribuyen en 54 provincias y dos territorios especiales (los enclaves africanos de Ceuta y Melilla). Valga como ejemplo el dato de que en las últimas elecciones legislativas donde se presento en solitario Izquierda Unida esta obtuvo casi un millón de votos, dispersos en todas las provincias, por lo que consiguió solo 2 diputados, mientras que la izquierda independentista vasca, EH-Bildu, con 290.000 votos concentrados en las cuatro provincias vascas, sacó la misma cantidad de representantes. Así que más que la cantidad de votos será la repartición de electos la que nos dará una respuesta a quién podrá gobernar España en los próximos cuatro años, o si habrá que volver a convocar otra vez a elecciones, para obtener una mayoría o acuerdo de gobierno estable y sólido.
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