Guerra económica contra el pueblo venezolano

Son más de 14 años perdiendo elecciones tras múltiples candidaturas, intentos de golpes de estado, paros petroleros e infinitas estrategias de desestabilización. La última, la del 14 de abril, fue la gota que colmó el vaso para ciertos poderes económicos y sus representantes políticos en Venezuela. Esta última vez, no se perdió contra Chávez, sino contra el chavismo. Maduro ganó contra un Capriles que sigue sin asumir dos medallas de plata consecutivas. El flanco electoral no parece suficiente para derrocar a este gobierno elegido democráticamente, y en consecuencia, los guardianes del capitalismo neoliberal han optado por un significativo cambio táctico: profundización de la guerra económica contra el pueblo venezolano. Aunque esta ofensiva no es original en Venezuela, sí lo es en su intensidad, rememorando así el año 2002 cuando la patronal acordó un sabotaje petrolero. En estos meses, el plan se centra en desabastecimiento y escasez, acompañada de una campaña comunicacional, interna y externa, para procurar crear las condiciones objetivas y subjetivas, en formato de tormenta perfecta, para asestar el golpe a la democracia que derribe al gobierno chavista. A ello, cabe sumarle dos conocidas armas de destrucción masiva: inflación y dólar.

Esta maniobra multinivel, “desabastecimiento-inflación-dólar-medios”, pretende constituir un virtuoso circulo vicioso que logre la profecía autocumplida: situación insostenible, Maduro en su trampa, (tal como titula El País, 28 de septiembre), para que inevitablemente tenga lugar un estallido social/rebelión popular (La Nación en Argentina, 29 Septiembre) con peleas y muertes por los alimentos (Clarín, 28 Septiembre). Esta estrategia ya fue advertida, como no, por las agencias de (des)calificación, Fitch y Moody’s: “Venezuela enfrenta una difícil transición a una nueva era de gobierno después de la muerte del líder izquierdista Hugo Chávez” (18 Marzo).

Cuando la democracia se traduce a su máximo esplendor, los oligopolios privados no están del todo satisfechos. Se angustian si la democracia significa también democratización de condiciones sociales, de expansión popular de las posibilidades de consumo, de soberanía plena a favor de las mayorías. Los poderes económicos concentrados no aceptan justamente esa desconcentración del poder que exige la esencia democrática. La Venezuela para todos deseada e impulsada por la revolución bolivariana es realmente lo opuesto al patrón económico que Capriles (y compañía) defiende. El chavismo logró marcar una línea divisoria entre dos modelos: una economía capitalista (neoliberal) versus la economía socialista bolivariana. La primera alternativa es la economía de mercado, la del capital, de deuda social, de concentración, del vivir mejor para unos pocos, de las décadas pérdidas. La propuesta chavista es la otra: una economía de pueblo, cotidiana, del ser humano, de riqueza social distribuida, de la década ganada. De esta discordia, surge inexorablemente la disputa. En el campo electoral, siempre se dirimió en las urnas a favor de la opción chavista. Sin embargo, en el plano económico, aún la oligarquía económica-financiera no está dispuesta a bajar los brazos, y por ello, actúa atentando contra los principios democráticos más fundamentales.

Nadie cuestiona que la revolución bolivariana tiene todavía grandes desafíos económicos estructurales para hacer sostenible este proyecto emancipador: una revolución fiscal socialista, una gestión pública eficiente, un cambio de la matriz productiva, reorientación productiva del sistema financiero, más integración con complementariedad económica. Estas políticas, ya fijadas en el Plan de la Patria 2013-19, sin duda permitirán controlar inflación, mejorar la gestión del dólar y coadyuvar en la provisión de los bienes y servicios que el pueblo exige. Sin embargo, no sólo son necesarias esas políticas, sino que se necesita poner paz frente a la guerra económica que viene desempeñando gran parte de la concentrada estructura empresarial privada. La yihad capitalista contra el pueblo venezolano no tiene fines inmediatos de mejorar su tasa de ganancia, sino que pretende alcanzar una mayor rentabilidad en cuanto a poder político. No se conforman sólo con obtener beneficios mercantilizando bienes de primera necesidad, sino que son capaces de acaparar –sin vender-, a pesar de sus pérdidas en el corto plazo.

La clave es que apuestan a un plan de desgaste/erosión en las siguientes municipales (Diciembre 2013), para procurar el asalto completo en la legislativas y/o revocatorio del 2015. Para ello, la inflación, es como decía el economista Zaiat, “ha reemplazado a los golpes militares como mecanismo de desestabilización de gobiernos elegidos democráticamente”. Es cierto que los precios son altos, más de lo deseado, pero igualmente cierto es que la inflación es una cuestión heredada, estructural; la inflación promedio de las décadas neoliberales (34%) es superior a la década chavista (22%). Las razones de la inflación no se derivan de las políticas expansivas de gastos, sino que se justifica por la estructura oligopólica. Pero además, la inflación esta íntimamente relacionada no con la escasez de dólares sino con el acaparamiento/fuga de los mismos por parte de quienes hubieron de emplearlos en la importación de bienes necesarios para la población. De hecho, si uno analiza los datos, la provisión de dólares, por parte del Estado, no ha bajado; por el contrario, se han ampliado los canales de suministro de dólares para seguir atendiendo el incremento de importaciones debido al reenclasamiento positivo, en consumo, que disfruta la mayoría de los ciudadanos. Todavía está pendiente el gran salto productivo que reduzca dependencia, y seguro que queda por mejorar los mecanismos de asignación de dólares que controle más fehacientemente el uso de los mismos, pero mientras tanto, el sector privado posee los incentivos económicos para no tener por qué reducir el ritmo de importación/ventas. Pero prefieren poder político en el medio plazo frente al beneficio económico en el corto plazo. Prefieren la guerra económica frente a la democracia. ¿Quién puede confiar en un sector privado que proclama la falta de dólares si éste posee 160.279 millones de disponibilidad inmediata en sus cuentas bancarias en el exterior del país?

A la oposición chavista, partidaria y empresarial, nacional e internacional, les molesta que Venezuela no esté aislada; que sea miembro pleno de Mercosur; que China sea su gran aliada; que crezcan las relaciones económicas con Rusia, India e Irán; o que ahora, sea Unasur o Celac donde se toman decisiones regionalmente. Les molesta que no puedan pedir auxilio al FMI, a los Estados Unidos, o acudir al CIADI para tener que dirimir sentencias a su favor. Les molesta que la democracia sea eso, democratización también de la economía. Como canta Carlos Puebla, “aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento”.

* Doctor en Economía

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