La UE, el BCE, la soberanía nacional y las clase trabajadora europea

En “Omnia orta occidunt”, uno de los artículos de su último libro traducido al castellano, La historia falsa y otros escritos [1], Luciano Canfora reproduce la carta que el 5 de agosto de 2011 Draghi y Trichet [D-T] enviaron al gobierno italiano, dirigido entonces por Silvio Berlusconi.

No se ha hecho pública aún, salvo error por mi parte, la carta que el dueto-central-bancario-europeo dirigió también por aquellas fechas al gobierno Zapatero. No es probable que fuera muy distinta ni en su contenido, ni en sus finalidades ni incluso en su estilo militar con mando en plaza.

Querido primer ministro, señalan con vacías palabras D-T, el Consejo de Gobierno del BCE debatió el 4 de agosto -¡la carta es del 5!- la situación en los mercados de deuda pública italiana. El Consejo consideró “que la toma de medidas urgentes por parte de las autoridades italianas es esencial para restaurar la confianza de los inversores”. Dado que los Jefes de la zona euro de la cumbre de Estado o de gobierno de 21 de julio 2011 habían llegado a la conclusión de que “todos los países del euro reafirman solemnemente su determinación inflexible para honrar plenamente su propia garantía soberana y todos sus compromisos con unas condiciones fiscales sostenibles y reformas estructurales”, en esa misma línea, el Consejo de Gobierno del BCE consideraba que Italia necesitaba urgentemente “reforzar el estado de su garantía soberana y su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales.”

El Gobierno italiano, ciertamente, había decidido aplicar ya un presupuesto equilibrado en 2014 y, para ello, había introducido un paquete fiscal recordaban D-T. Eran pasos importantes, pero no suficientes. El ámbito exacto de “lo suficiente” era territorio propio del dueto. En la coyuntura actual, proseguían, un conjunto de medidas eran esenciales. Las siguientes:

Veían necesario mejorar el potencial de crecimiento”. Algunas decisiones adoptadas por el gobierno de Italia se movían en esa dirección y otras medidas se estaban discutiendo con los sindicatos obreros y organizaciones empresariales. Sin embargo, “aún queda mucho por hacer y es crucial avanzar de manera decisiva”. Principales retos: aumentar la competencia, “especialmente en los servicios para mejorar la calidad de los servicios públicos” y el diseño de los sistemas regulatorios y fiscales más adecuadas para “apoyar la competitividad de las empresas” y, por supuesto, “la eficiencia del mercado de trabajo”.

Por ello, proseguían, era necesaria una estrategia de reforma integral, de gran alcance y que generase confianza, “incluyendo la plena liberalización de los servicios públicos locales y de los servicios profesionales”. Esto último debería aplicarse en particular “a la prestación de servicios locales a través de privatizaciones a gran escala” [las cursivas son mías]

Existía también “la necesidad de proseguir la reforma del sistema de negociación colectiva”. ¿Cómo, de qué modo? Permitiendo acuerdos, o no claro está, “a nivel de empresa para fijar los salarios y las condiciones de trabajo a las necesidades específicas de las empresas” y, punto nodal, “el aumento de su relevancia con respecto a otros niveles de las negociaciones” (es decir, abonando el esclavismo asalariado y negando alcance los convenios de sector). Un acuerdo del 28 de junio de 2011 ”entre los principales sindicatos y las asociaciones de empresas industriales” italianas se movía en la dirección correcta aseguraban.

Debía hacerse un examen minucioso de las normas que regulaban “la contratación y el despido de los empleados en conjunción con el establecimiento de un sistema de seguro de desempleo y un conjunto de políticas activas del mercado de trabajo”, capaz de facilitar la reasignación de recursos “hacia la mayor competitividad de las empresas y sectores”. Obviamente: empeorar las condiciones laborales y abaratar el despido bajo la melodía del dogma mántrico de la competitividad de las empresas.

El Gobierno, este era el segundo apartado de la carta, debía tomar medidas inmediatas y, además, enérgicas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Qué medidas? Las siguientes:

Eran necesarios retoques correctivos presupuestarias adicionales. “Consideramos esencial que las autoridades italianas adelanten la aplicación de las medidas adoptadas en el paquete de julio 2011 por lo menos un año”. El objetivo: alcanzar un déficit fiscal menor que lo previsto en 2011, una necesidad de financiación del 1,0% en 2012 y un presupuesto equilibrado en 2013”. Principalmente, por supuesto también, “a través de recortes de gastos”. Por si existiera alguna duda: era posible “intervenir más en el sistema de pensiones, con criterios de elegibilidad más estrictos para las pensiones de jubilación y alineando con rapidez la edad de jubilación de las mujeres en el sector privado a la establecida para los empleados públicos, consiguiendo ahorros ya en 2012”.

Además, el Gobierno italiano debía considerar reducir, y por si fuera poco significativamente, el coste -palabra usada por el dueto- “de los empleados públicos, mediante el fortalecimiento de las reglas de rotación y, si es necesario, mediante la reducción de los salarios.” ¡Fuera, a la calle, y más “baratos”! Por lo demás, una cláusula automática de reducción del déficit debía ser introducida “fijando que los posibles desvíos de los objetivos de déficit se compensen automáticamente a través de recortes horizontales en los gastos discrecionales”.

En el apartado c de la misiva “ordeno-y-mando” se apuntaba que los préstamos, incluida la deuda comercial y los gastos de los gobiernos regionales y locales, debían ser sometidos “a un estricto control, de conformidad con los principios de la reforma en curso de las relaciones fiscales intergubernamentales”. En vista de la gravedad de la situación, el dueto consideraba fundamental que todas las acciones enumeradas en las secciones 1 y 2 se adoptaran “lo antes posible con decretos-leyes, seguidos de la ratificación parlamentaria para finales de septiembre de 2011”. La guinda, por si faltara algo: “una reforma constitucional endureciendo las reglas fiscales también sería apropiada”.

Finalmente, alentaban al Gobierno italiano a tomar medidas inmediatas “para garantizar una gran reforma de la administración pública con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y la facilidad para hacer negocios”. En las entidades públicas el uso de indicadores de desempeño debía ser sistemático. ¿Dónde? En la salud, la educación y los sistemas judiciales sobre todo. Ni derechos ni historias: ¡productividad, eficacia, reducción de costes! Había, además, necesidad de un fuerte compromiso “para abolir o consolidar algunos niveles administrativos intermedias (como las provincias)”. Se debían fortalecer las acciones dirigidas a aprovechar las economías de escala en los servicios públicos locales.

El dueto confiaba, por supuesto, que el Gobierno italiano tomará todas -¡todas!- las medidas apropiadas. ¡A la orden, ya!

Hasta aquí la misiva-bomba-nuclear-económica.

Basta repasar lo hecho, lo practicado, lo aceptado, por el gobierno italiano o, mejor aún, por el gobierno español o los gobiernos autonómicos o los “grandes” (y-muy-pequeños-y-serviles partidos en el Parlamento): reforma constitucional, contrarreforma laboral, reducción ininterrumpida de salarios, aceptación implícita del despido libre, agresiones contra los trabajadores de la Administración, recortes en sanidad y educación, contrarreforma de las pensiones, destrucción sistemática de derechos, aceptación del gran poder corporativo,… ¿Dónde se ubica realmente la mal denominada soberanía nacional en estas circunstancias? ¿Qué papel juega en ello la Europa del euro y del Deutsche Bank? ¿Qué concepción de fondo se tiene de las clases trabajadoras europeas? ¿Algo muy distinto del esclavismo asalariado?

Canfora recuerda las palabras de P. Casini, un líder del centro italiano: “Se acabó la época de las ideologías, se acabó la época de los viejos esquemas”. Derecho, izquierda y centro ya no contaban ni eran, en absoluto, representativos de nada.

Realismo sucio y brutal. ¿La barbarie que señaló Rosa Luxemburg? ¿Es eso? ¿La izquierda, las perspectivas de clase, ya no cuentan? ¿Los viejos esquemas de lucha popular y ciuadana están obsoletos? ¿Esta es la Europa que se quería y quiere construir, una Europa que iba a mejorar la situación de los trabajadores del continente y que se comportaría de forma solidaria con el resto de trabajadores del mundo? ¿En qué manos estamos a no ser que organicemos una movilización descomunal que haga temblar, como quería el poeta asesinado, ciudades, poderes, corporaciones y gobiernos serviles? Pues en estas:

Muy recientemente, mister Rehn, representante más que idóneo del lado más oscuro de los mandatarios europeos y del capitalismo de la UE, ha señalado que es “esencial” que las medidas planeadas o en preparación sean “sustanciadas y presentadas en breve en términos concretos para que las pueda evaluar la Comisión e informar al Eurogrupo” [2]. También ha afirmado mister Rehn que está al tanto de los planes del Gobierno español en el marco de la reforma laboral. “En cuanto a la reforma del mercado laboral, estamos al tanto de que el Gobierno español está contemplando esa reforma y estamos esperando que presente elementos adicionales y concretos en el presente periodo”. ¡Una nueva contrarreforma laboral está ya en marcha! ¿Dónde quieren ubicar los pocos derechos que protegen el mundo del trabajo?

Podemos conjeturarlo sin dificultad: en el vacío, en la inexistencia, aniquilando el Derecho del Trabajo, en las cunetas, al lado de los cadáveres de luchadores, ibéricos e internacionalistas, que defendieron la libertad, la equidad, la justicia, el derecho a un trabajo digno, a las conquistas alcanzadas tras duros combates durante la Segunda República Española y en décadas anteriores.

Notas:

[1] Capitan Swing, Madrid, 2013, pp. 49-54 (traducción de Inés Campillo Poza, Antonio Antón y Regina López Muñoz).

[2] http://www.publico.es/dinero/484342/guindos-anuncia-en-el-eurogrupo-una-segunda-ronda-de-la-reforma-laboral

Salvador López Arnal es miembro del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director Jordi Mir Garcia)

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