El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco dio un paso más en su ataque contra EPPK y ordenó encarcelar a sus ocho interlocutores arrestados el miércoles por la Guardia Civil. El magistrado acusa a Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Aitziber Sagarminaga, Egoitz López de Lacalle, Aintzane Orkolaga, José Campo, Mikel Almandoz y Asier Aranguren de «pertenencia a organización terro- rista» por considerarlos miembros de lo que denomina «KT koordinazio taldea», una estructura que ubica dentro de la dirección del colectivo de presos vascos y a la que atribuye la función de «enlace» entre los prisioneros y ETA. Además, cita para el jueves a las 12.00 horas a Nahia Zuriarrain para ser interrogada en calidad de imputada sobre un supuesto documento que habría sido entregado al preso Asier Arzallus en la cárcel de Sevilla II. También emplaza ese mismo día a los abogados que desarrollan su labor en los despachos registrados por la Guardia Civil y que consideren que «se les haya incautado documentos que incorporen estrategias o expedientes absolutamente desvinculados del entorno etarra». Para avalar sus teorías, el magistrado se apoya en documentación supuestamente incautada en la operación policial contra Herrira desarrollada a finales de septiembre de 2013, así como en el material requisado hace casi una semana. Los arrestados, que fueron asistidos por sus abogados de confianza, se negaron a declarar ante el juez. Además los letrados denunciaron la «indefensión» de sus clientes y anunciaron que recurrirán.

Para determinar que los ocho detenidos formaban parte de la intermediación de EPPK, el juez Velasco no necesitaba haber mandado a los agentes irrumpir en los despachos de Hernani y Bilbo. Todos lo habían anunciado públicamente y a ellos les correspondía ponerse en contacto con el Foro Social, partidos e instituciones para materializar el anuncio realizado por los presos de «explorar las vías legales». Nada de eso se toma en consideración en un auto en el que se atribuye una «actividad clandestina» a los detenidos y se les acusa, tal y como hizo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de no permitir «soluciones penitenciarias individualizadas».

Comunicado y Durango

Resulta paradójico que el juez mantenga esta tesis si se toma en cuenta que, en el mismo auto, les atribuye responsabilidad en el comunicado en el que EPPK se comprometía «a estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial». También, en la comparecencia de expresos celebrada en Durango, en la que se adherían al citado documento y expresaban su compromiso «con el nuevo escenario político abierto tras la iniciativa de la izquierda abertzale». En ese mismo acto se anunció que los mediadores iniciarían una ronda de contactos para explorar las vías propuestas por EPPK. Apenas cuatro días después, la Guardia Civil llevaba a cabo la redada.

En su argumentación, el juez insiste en que «ETA es una organización no disuelta» (lo reitera también ante la alegación de la defensa de adecuarse al cese definitivo decretado en 2011) y acepta la teoría de la Guardia Civil sobre un «frente de cárceles» que estaría dirigido por el «grupo de coordinación». No obstante, el juez va todavía más lejos y también sitúa en esta estructura a otras organizaciones como Herrira (ya suspendida tras el arresto de 18 personas en setiembre de 2013), Etxerat, Jaiki Hadi y el «colectivo de abogados», así como Tantaz Tanta, cuya movilización, prevista para el pasado sábado en Bilbo, prohibió él mismo el viernes. A todos ellos los relaciona con esa «estrategia de control» de los represaliados.

La redada de Herrira

Para construir la tesis, el juez se apoya en documentación y seguimientos policiales que, según reconoce, se desarrollan incluso «cuando ya la estructura militar anunció un cese de su actividad armada». En relación a los papeles, Velasco establece dos fuentes. Por una parte, información intervenida durante la operación contra Herrira que estaría almacenada en soportes informáticos que habrían sido borrados y que, según el auto, fueron «recuperados por los peritos de informática forense» de la Guardia Civil. De ella, Velasco extrae conclusiones contradictorias sobre supuestos debates desarrollados en 2012, así como referencias a reuniones sobre cuestiones como la salud de los presos enfermos o la reivinidicación del acercamiento. Cabe recordar que, pese a que el juez se apoya mayoritariamente en estas «pruebas» para justificar su acusación, todos los arrestados en aquella redada fueron puestos en libertad por este mismo magistrado.

La documentación («aproximadamente 30 cajas») intervenida el pasado miércoles es la segunda fuente en la que se apoya Velasco. Un material requisado durante los registros de los despachos de Bilbo y Hernani. No obstante, el modo en el que la Guardia Civil custodió las oficinas de la capitaz vizcaína (donde trabajan, entre otros, Arantza Zulueta y el senador Iñaki Goioaga) ha provocado el malestar entre los letrados. Según indicaron, en algunas de las dependencias se limitaron a colocar un precinto sin ni siquiera sello judicial. En la puerta principal, únicamente un candado cuya llave entregaron a uno de los abogados. Durante toda la noche, dos agentes del instituto armado permanecieron apostados en el lugar. Al día siguiente, la Audiencia ampliaba el registro a las zonas que habían quedado solo cerradas por el precinto. «Tuvieron toda la noche para entrar, quitar las bandas, hacer lo que fuera y volverlas a poner», dijeron estas fuentes.

Finalmente, el juez también hace mención a la filtración de Interior, que avanzó a la prensa las detenciones antes de que estas se produjesen, y acusa a los detenidos de destruir pruebas e incluso de intentar huir.