Un nuevo proceso en Colombia

Txente Rekondo | Analista internacional

En Colombia, la pobreza económica y la marginación política y social de buena parte de la población son parte crucial de las raíces del conflicto

Los recientes acontecimientos en Colombia han situado este país americano a las puertas de un nuevo proceso político. Algunos ya lo han definido como un proceso de paz, mientras que otros temen que finalmente se acabe convirtiendo en un modelo de pacificación. Es decir, que mientras unos apuestan por enfocar la situación y buscar las soluciones para resolver las raíces del conflicto (proceso de paz), otros pueden querer reducir esta nueva iniciativa a una situación donde «callen» las armas, pero sin afrontar los motivos que generaron el enfrentamiento (proceso de pacificación).

Hay diferentes factores y percepciones que sobrevuelan en estos momentos sobre el citado proceso, y que sin duda alguna podrían condicionarlo a corto o medio plazo.

Por un lado estarían las llamadas «experiencias fracasadas» del pasado. Las conversaciones de paz de El Caguán fueron un fracaso, y desde entonces los sectores partidarios del status quo las han utilizado para cerrar la puerta a una salida negociada. Pero también hay otros elementos que no olvida la sociedad colombiana, como el aniquilamiento físico de más de 3.000 militantes y cargos públicos de la Unión Patriótica, entre 1986 y 1994.

Esta situación refleja con toda nitidez el histórico y evidente déficit democrático de los diferentes gobiernos colom- bianos, que no han dudado en señalar e identificar a cualquier movimiento civil, indígena y político que quiere transformar la situación como perteneciente a la guerrilla, convirtiéndolo en el blanco de las organizaciones paramilitares y de la guerra sucia del Estado.

Otro aspecto clave puede darse en torno a la actitud que adopten los llamados «securócratas», paramilitares y diferentes sectores de la oligarquía y las élites económicas y políticas. Unido a ello estará la capacidad o voluntad de Santos para enfrentarse o no a todos esos sectores que se han venido beneficiando de las injusticias que existen en Colombia. La experiencia de otros procesos en el mundo nos muestra que ese abanico de actores suele ser muy reacio a perder sus privilegios, buena parte de los cuales son fruto del mismo conflicto.

En tercer lugar, para que el proceso avance en su camino, es necesario que sea inclusivo y que sepa encauzar adecuadamente la participación de la sociedad civil.

En estos momentos, la articulación de un proyecto como la Marcha Patriótica, que ha sabido aglutinar en su seno a más de 1.500 organizaciones sociales y a sectores diversos, como grupos civiles, sindicatos, estudiantes e indígenas, entre otros, puede ser el instrumento para canalizar la participación de la sociedad.

Esta plataforma ha sabido construir los puentes necesarios para unir a sectores de la sociedad urbana y rural, exigiendo la necesidad de dar voz a los sectores históricamente marginados de la política y la sociedad en Colombia.

Pero para que ello se produzca, también son necesarios determinados mecanismos que garanticen la participación de esos sectores sociales en el proceso político y en las negociaciones. Y, sobre todo, debería rechazarse desde todos los frentes (y aquí la llamada comunidad internacional tiene un importante papel que desempeñar) que se repita la política de criminalización del pasado, y que en los últimos meses ha vuelto a aparecer con desapariciones y persecuciones de destacados militantes de la Marcha Patriótica.

Finalmente, hay otros aspectos importantes también en torno a este proceso. El papel de la comunidad internacional, los gestos entre adversarios, la capacidad de negociar con el enemigo, la muestra de buena voluntad por las partes, la liberación de los presos políticos, la vuelta de los cientos de miles de desplazados internos y de los refugiados políticos…

Hasta la fecha, los diferentes actores del conflicto, sobre todo el Gobierno colombiano y las FARC, han ido dando pasos para allanar el camino. Así, en ese contexto cabría incluir el reconocimiento por parte del Gobierno de la existencia de un conflicto armado y político en Colombia, la propia interlocución de las FARC y la existencia de crímenes de estado, cuyas víctimas también necesitan reconocimiento y reparación.

Y también el anuncio de las FARC de poner fin a las retenciones por motivos económicos y la liberación de los prisioneros políticos en su poder.

Por su parte, algunos actores de la llamada comunidad internacional han desempeñado su papel como facilitadores de encuentros discretos y mediadores para acercar posturas entre las partes, y cuyo fruto más evidente fue la «fotografía oficial» en Noruega y las posteriores conversaciones en Cuba.

En Colombia, la pobreza económica y la marginación política y social de buena parte de la población son parte crucial de las raíces del conflicto, por ello son importantes las palabras de Andrés Gil, portavoz de la Marcha Patriótica, quien recientemente señalaba que «lograr la paz no es tan sólo un asunto de armas, sino que es necesario también la realización de cambios estructurales».

Si finalmente este proceso logra únicamente acallar las armas, pero sin afrontar las raíces del mismo, no tardarán mucho tiempo en hacer aparición en el escenario colombiano nuevas situaciones que nos mostrarán la cara más cruel del conflicto.

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