EU: Derechos humanos y retroceso moral

Felipe González, comisionado de la entidad hemisférica, aseguró que tiene que avanzarse hacia un mecanismo que, asumiendo la legitimidad de las labores de seguridad de los estados, no resulte invasivo de los derechos de las personas. En tanto, su homólogo Rodrigo Escobar destacó que las atribuciones de Estados Unidos en materia de seguridad no pueden ser un poder absoluto y que el país vecino tiene que estar sometido a unos límites, unas reglas, unos procedimientos.

Significativamente, los señalamientos de la CIDH coincidieron en el tiempo con la publicación de un editorial del diario The New York Times en el que se denuncia que la administración de Barack Obama mantiene una tasa frenética de deportaciones de inmigrantes indocumentados –400 mil en un año–, basadas en decisiones políticas y no de seguridad pública; se pide al mandatario suspender las deportaciones de personas que no hayan cometido algún delito grave y se afirma que muchos de los rasgos nefastos del sistema migratorio estadunidense –al que el mandatario ha calificado de inservible– pueden ser arreglados sin la necesidad de aprobar una reforma migratoria.

Pese a las diferencias en cuanto a su origen y temática, las expresiones de la CIDH y del rotativo neoyorquino ponen de relieve la situación deplorable que mantienen los derechos humanos en territorio estadunidense y el peligro constante que enfrentan las personas en ese país, con independencia de su situación migratoria, de ser atropellados en sus garantías por el gobierno de Washington.

En efecto, el espionaje masivo de gobiernos, organismos y ciudadanos –por supuestos motivos de seguridad– es el referente más inmediato del retroceso moral experimentado por la institucionalidad del país vecino, retroceso que se ha traducido en un deterioro de las garantías individuales a escala planetaria. Por supuesto, tales atropellos no sólo suceden fuera del territorio estadunidense: debe recordarse que, con el pretexto de la guerra contra el terrorismo desatada a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Washington autorizó la vulneración de las libertades de sus propios ciudadanos y legalizó el espionaje telefónico, la intercepción de correo electrónico, la apertura clandestina de correspondencia y la sustracción de documentos personales, sin que hubiese una amenaza real que justificara dichas medidas. Otro tanto puede decirse de la política de persecución de migrantes indocumentados, la cual, como señala el editorial del New York Times, es consecuencia no de una consideración legal, sino de decisiones políticas y económicas, toda vez que las deportaciones masivas de inmigrantes sin papeles permiten modular el mercado de mano de obra en la economía estadunidense.

Hasta ahora el gobierno de Obama no ha podido o no ha querido trasladar sus propósitos de viraje en materia migratoria al terreno de los hechos; antes bien, ha mostrado resistencia a abandonar las tradicionales políticas intervencionistas, hegemónicas y, a fin de cuentas, violatorias de los derechos humanos que caracterizaron a su antecesor.

Queda claro, en suma, que Washington carece de la calidad moral necesaria para erigirse en ejemplo y juez en materia de derechos humanos, y que difícilmente se podrá lograr la vigencia plena de éstos en el mundo en tanto persistan ejercicios de negación, simulación y control de daños como los que ha realizado la Casa Blanca en semanas y meses recientes, tras la difusión de las actividades de espionaje filtradas por el ex colaborador de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden.