A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica

En la tarde del pasado 23 de octubre, tuvo lugar un foro en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) titulado “Foro: explotación piñera en Costa Rica“, organizado por los estudiantes de la carrera Promoción de la Salud de la Escuela de Salud Pública (véase volante y programa en este enlace de Surcos Digital). Participaron Mauricio Alvarez (Escuela de Geografía de la UCR y FECON), Nicolás Boeglin (Facultad de Derecho, UCR) y Alexa Obando (Escuela de Ciencias Políticas, UCR). El sector productivo y estatal fueron invitados de igual forma a este espacio de discusión, optando ambos por no enviar a ningun expositor.

Al tratarse de un foro sobre un tema que, en nuestra opinión, amerita desde muchos años un debate público con las autoridades nacionales, en las líneas que siguen se presentarán algunas aristas de lo que algunos sectores denominan el “dulce orgullo” de Costa Rica, mientras que expertos costarricenses en gestión ambiental lo califican como una verdadera “vergüenza nacional“.

Algunos titulares como esta nota de la Revista Dominical de La Nación del 2012, “El dulce amargo de la piña” refleja bien esta dualidad, así como un documental también producido en Costa Rica en el 2008 titulado “El amargo sabor de la piña” (véase parte I y parte II).

No obstante, en el exterior, los sitios especializados en el comercio equitable y en prácticas agrícolas sostenibles, al referirse a la piña costarricense, utilizan términos mucho más duros, como por ejemplo “le desastre socio-écologique” (véase nota del 2017 de este sitio en francés), o bien esta nota del sitio Beurk (Francia) titulada: “Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon !“.

Nótese que desde el mismo Estado, algunos estudios producidos como este del año 2009, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), omiten mencionar la piña entre los cultivos dañinos para el ambiente (véase Cuadro 20: Actividades agropecuarias que más impactan negativamente a los recursos naturales, página 257).

Las líneas que siguen no pretenden sino reunir algunos datos, enfocándose más que todo en la actitud de las autoridades costarricenses con relación a la piña en los últimos 10 años.

Fotografía del foro. Escuela de Salud Pública, 2017.

El mercado mundial de la piña MD-2 producida en Costa Rica: breve puesta en contexto 

Como recientemente confirmado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, la piña de exportación requiere del uso de sustancias sumamente dañinas para la salud humana (véase nota de La Nación titulada “Piñeros usan plaguicidas muy tóxicos, según estudio” de junio del 2017). La variedad “Sweet Gold” o MD-2 que se ha impuesto en el mercado internacional desde mediados de los años 2000 se produce gracias a un “paquete tecnológico” que incluye estos componentes químicos, que absorben tanto la planta como los suelos. Las variedades anteriores “Hawaiana” o “Cayena” que circulaban en el mercado mundial han sido desplazadas por la piña MD-2 desde hace unos 10 años. Costa Rica es el exportador número uno a nivel mundial de piña fresca desde el 2008. Según el Top-5 al 2014 (datos del informe de la UNCTAD), el mercado mundial de la piña se “reparte” de la siguiente manera:

Costa Rica: 2 126 929 – Philippines: 461 856 – Panama: 67 038 – Ecuador: 57 380 – Honduras: 51 258 – Mexico 41 271 – (las cifras corresponden a las toneladas de piña exportada, según la tabla 3, p. 13).

Como se puede apreciar sumando las toneladas de sus cuatro competidores más cercanos, se llega a una cifra (678.105) que corresponde a menos de un tercio de lo que exporta Costa Rica.

La salud pública ante las sustancias químicas usadas para producir la piña “Sweet Gold” o MD2 

En algunas de las intervenciones presentadas durante este foro, se específicó el tipo de sustancias químicas que se usa para producir la piña exprotada desde Costa Rica, entre ellos el Bromacil y el Paraquat: esta última sustancia fue objeto de una prohibición por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en julio del 2007 (véase comunicado de prensa de la CJUE). A raiz de esta decisión, una transnacional declaró que suspendería el uso del Paraquat en todas sus operaciones en el mundo, con una sola excepción: Costa Rica (véase nota titulada “Dole Announces that it will Discontinue the Use of Paraquat in its Agricultural Operations“). Pese a la fecha indicada de junio del 2008 por la transnacional para suspender el uso de esta sustancia en Costa Rica, y la indicación que se mantendría hasta el 2012 el uso del Paraquat para erradicar la mosca de establo (ver el mismo comunicado actualizado por la transnacional), Costa Rica sigue importando grandes cantidades de Paraquat que se vierten en los campos de piña.

Con relación al Bromacil, las denuncias han sido muchas desde el 2007, año en que se constató su presencia en el agua para consumo humano en El Cairo y Milano de Siquirres, generando una verdadera tragedia para más de 6000 pobladores. Desde entonces, muestreos en esta zona detectaron la presencia de esta sustancia en los acuíferos, denotando el carácter altamente persistente de este compuesto químico en una zona tropical como la de Siquirres. Nótese que el costo de enviar diariamente camiones cisternas enviados por las autoridades desde el 2007 ha sido asumido por el Estado costarricense. En su momento (2009), la máxima autoridad de la cartera de salud de Costa Rica se expresó en los siguientes términos:

“Les damos agua en cisterna porque la gente tiene miedo de tomar la del lugar, y la psicosis ha sido tal, que hasta asocian manchas en la piel que son producidas por un hongo, diciendo que se bañaron en agua con bromacil” (véase nota del Semanario Universidad).

Figura sobre valores de Bromacil en el agua destinada al consumo humano en Milano de Siquirres, extraída de esta nota titulada “Piña y sistemas hídricos: relación delicada. Especialistas analizan fenómenos ambientales, sociales y económicos del cultivo” (sitio oficial de la UCR, 2013)

El 24 de mayo del 2017 se aprobó finalmente un Decreto Ejecutivo en Costa Rica sobre la prohibición del Bromacil (véase texto del decreto sobre “prohibición del registro, importación, exportación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo 5-bromo-3- sec-butyl-6-methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio“). La lectura de los considerandos de este decreto resulta de interés para apreciar cuanta preocupación genera esta sustancia en las autoridades: de mayor interés consistiría saber a qué se debe este súbito interés y porqué tardaron tanto en prohibir su uso en Costa Rica.

En el informe que presentó la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos en el 2009, a raíz de su visita en Costa Rica (véase informe, Documento A/HRC/12/24/Add.1) se indica que:

“85. The independent expert recommends that Costa Rica adopt, as a matter of priority, the draft executive decrees regulating the use of Bromacil and Diurón in agricultural production“.

En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unida en Ginebra circuló una nota oficial (HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009). El punto 4 de esta inusual misiva precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta internacional, entendible si proviniese del sector productivo, pero sorprendente por parte del Estado.

Más allá de la extraña sensación de unísono entre el sector piñero y el Estado costarricense desde el 2007, es de notar el carácter urgente con el que la Experta Independiente de Naciones Unidas, Catarina Albuquerque, recomendó a Costa Rica regular el uso de estas dos sustancias en el año 2009, sin que ello motivara mayormente a sus autoridades a acatar esta recomendación. A la fecha, el diurón no ha sido objeto de algun tipo de regulación para restringir y limitar su uso.

Finalmente, es de señalar que en en mayo del 2014, Costa Rica prohibió parcialmente mediante Decreto Ejecutivo el uso del Carbofurán: la única excepción la constituyen los cultivos de piña (y de banano). En el texto del Decreto 38713 (ver texto completo) el considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”.

Por su parte el considerando 8 textualmente se lee así: “8º— Que para el control de plagas en el cultivo de piña existen alternativas, químicas y no químicas, que actualmente dan buenos resultados, presentando éstos una disminución de la carga química, en comparación con el uso del carbofurán; a excepción de lo que se presenta para el control de la plaga denominada caracoles Opeas pumilium, para lo cual la única alternativa química autorizada actualmente es el carbofurán“.

Sobre las características del Carbofurán se lee en este estudio del 2012 publicado en Argentina que:

“Su solubilidad en agua, aunque no tan elevada, le confiere el potencial suficiente de contaminación inmediata de una gran variedad de recursos hídricos. Es de esta manera como las inundaciones de los campos fumigados con Furadan, han causado mortandad de especies que no eran objeto de control.La combinación de esta propiedad con su baja adsorción en suelos, le permite tener alta movilización y alcanzar las napas freáticas” (p. 2)

Los químicos detrás de la piña: una onda expansiva de daños

Estas y muchas otras sustancias químicas son necesarias para producir la variedad Sweet Gold en Costa Rica. Su primera manipulación recae en los trabajadores en las piñeras. Existen pocos estudios sobre las diversas patologías asociadas a la ingesta o exposición a estas sustancias. Las autoridades de salud en Costa Rica deben poseer información proveniente de los diversos centros de salud regionales, sin que esta haya trascendido mayormente. No se conoce de algún estudio realizado por el gremio de la salud pública que haya sido divulgado sobre el particular. En ese sentido agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para remitirnos alguna información existente que no haya dejado rastros en la red (lo pueden hacer enviándola al siguiente correo: cursodicr(a)gmail). En un reciente reporte sobre la insuficiencia renal en los trabajadores agrícolas en Costa Rica, se lee que: “El problema en la piña es que la mayoría de los trabajadores son migrantes que luego vuelven a su país de origen, en este caso Nicaragua, y no se registran aquí.“.

El daño ocasionado por una finca en la que se produce piña tiende a expandirse rapidamente. En latitudes tropicales, la escorrentía concentra paulatinamente estas sustancias químicas en los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos. A los problemas de salud que pueden causar estas sustancias a quiénes estan expuestos a ellas a diario (los trabajadores en el campo), se añaden los problemas que derivan de la contaminación de suelos y de aguas así como del aire (para las comunidades circundantes), la pérdida de cobertura boscosa y de la biodiversidad, así como el aumento del factor erosión de los suelos (para la región y el país en sí).

En un voto particular del 2016 del magistrado Fernando Cruz Castro, miembro de la Sala Constitucional (y cuya lectura recomendamos), se lee que: “Existen muchos indicios y estudios sobre los daños que ocasiona el cultivo de la piña en las comunidades cercanas al área de cultivo. La respuesta institucional es muy lenta, según informaciones periodísticas, el Tribunal Ambiental Administrativo tiene cuarenta y cuatro casos relacionados con cuestionamientos ambientales al cultivo de la piña, el más antiguo data del 2001 y aún no los ha terminado con una sentencia. Mientras tanto los daños ambientales tan graves, siguen esperando una respuesta. La mayor parte de esos casos tienen relación con la afectación del recurso hídrico, invasión de áreas protegidas, cambio de uso de suelos, daños graves a humedales o a nacientes” (véase voto particular del magistrado Fernando Cruz que acompaña la resolución 2016-11545, en el que se desmarca en forma solitaria de sus seis colegas renuentes a validar una moratoria municipal votada de forma unánime para nuevas plantaciones de piña en el cantón de Los Chiles en la Zona Norte).

La riqueza de la biodiversidad de los suelos que se destruye con estas sustancias es un ámbito poco estudiado, así como la proliferación de ciertas plagas debido al desequilibrio que crea la aplicación periódica de estos componentes químicos en el país, entre muchos otros. Los níveles de precipitación y la escorrentía aumentan siginificativamente la dispersión de estas sustancias en los cuerpos de agua superficiales cercanos, mientras que la absorbción de los suelos impacta a mediano plazo, las aguas subterráneas.

En otras palabras, la producción de la piña tiende a provocar daños que rebasan los límites de las fincas en las que se produce: este costo no es asumido por el sector productivo, y las autoridades nunca le han ordenado compensar mediante algun fondo o fideicomiso esta larga cadena de daños que a la fecha no se han debidamente estudiado, ni mucho menos cuantificado. Sobre este último punto, la economía ambiental posee instrumentos modernos para determinar el costo exacto de los impactos causados por este monocultivo, y causa extrañeza que sus especialistas no hayan visto en la piña de exportación costarricense un terreno fértil para aplicarlos.

Cabe precisar que desde el exterior, las regulaciones se limitan al producto importado como tal: el único interés de los Estados importadores de piña MD-2 se centra en los valores máximos de residuos que pueda contener la pulpa de la fruta comercializada. Por ejemplo, en las conclusiones de la Misión SANCO de la Unión Europea del 2009 a Costa Rica, se puede leer que:

“However, the progress made since 2006 with the development of the official pesticide control system and the self-controls of food business operators generally provide assurance that fruit exported to the EU complies with EU legal limits for pesticide residues” (véase informede misión, p.11).

Todos los demás aspectos sociales, ambientales y laborales relativos a la piña de exportación son dejados por fuera de las evaluaciones/auditorías periódicas a las que es sometida Costa Rica.

Nótese que la Misión Sanco del 2009 significó una gran presión a las autoridades costarricenses y al sector productivo, evidenciando súbitamente su interés por buenas prácticas agrícolas. A tal punto, que un artículo de opinión se tituló: “Una visita que mueve más de mil denuncias. Es evidente que a los auditores europeos los llevan a ver lo que le conviene a Canapep”. Su autora, la jurista Gabriela Cuadrado, concluyó su artículo señalando que: “Mención aparte merece el papel de las instituciones del Estado, hoy muy preocupadas y hacendosas por esta auditoría, pero que han prestado oídos sordos a los clamores de las comunidades afectadas, que no han hecho cumplir la legislación vigente y que han permitido un crecimiento no planificado de esta actividad, cuyos impactos negativos son evidentes para la gran mayoría de costarricenses, aunque a los auditores europeos los lleven a ver solo lo que les conviene a los auditados“.

Un vehemente llamado de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2008 desoído por las autoridades costarricenses 

Ante la serie de daños reportados y la actitud complaciente de las autoridades, el Consejo Universitario de la UCR había adoptado un pronunciamiento en diciembre del 2008, exigiendo una moratoria nacional para nuevas plantaciones de piña en Costa Rica hasta tanto no se reforzaran las capacidades técnicas y fiscalizadoras del Estado (véase texto completo del pronunciamiento). En la parte final, el Consejo Universitario declara:

3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:

a. Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.

b. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.

c. Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país“.

Características de algunas componentes químicos usados en las plantaciones de piña, extraída de esta nota de una científica británica de junio del 2017 titulada “Phasing Out Highly Hazardous Pesticides in Costa Rica” (Pesticide Action Network, UK)

Pese a provenir de la máxima instancia de la UCR, las autoridades de la administración 2006-2010 hicieron caso omiso a estas advertencias, al igual que las de la administración 2010-2014 y las actuales que iniciaron su gestión en mayo del 2014. La legislación ambiental vigente en Costa Rica fue “adaptada” para favorecer la expansión de la piña: en el año 2009, fue la Secretaría Tecnica Nacional para el Ambiente (SETENA) la que adoptó un instrumento – siempre vigente al 2017 – que exime a las piñeras de la presentación previa y obligatoria de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Leemos en este artículo del 2011 titulado “La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña” y suscrito por un Ex Secretario General de la SETENA que:

“La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa“.

Ello explica, entre muchos otros, el escándalo que provocó una viabilidad ambiental para más de 600 hectáreas de piña en la Zona Sur de Costa Rica aprobada en diciembre del 2016 (véase texto de la resolución) con base en el formulario más sencillo que tiene la SETENA: el formulario D-1 (véase nota de prensa sobre la revocación de los permisos por parte de la misma SETENA ante la movilización de las organizaciones sociales y la indignación causada). En este caso además, se evidenció la total desprotección de los vestigios arqueológicos que significa un D-1 (véase nota de prensa). No debe ser la primera vez que una vabilidad ambiental es dada en una zona con vestigios de alto valor arqueológico, por lo que es muy probable que gran parte del patrimonio arqueológico haya sido removido en el caso de piñeras situadas en otras zonas. Sobre el alcance extremadamente limitado del D-1, remitimos al lector al artículo de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla, titulado: “¿Qué es un D1 de arqueología y cómo determina las decisiones sobre el patrimonio de Costa Rica?“.

A casi 10 años, este pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR se mantiene de una sorprendente actualidad, que viene a confirmar el Indice de Desarollo Humano (IDH) medido a nivel cantonal: los cantones piñeros se mantienen con lo peores índices en Costa Rica. Según se indica en este artículo de Alexa Obando Campos sobre los cantones piñeros de la Zona Norte, en el caso de Guatuso y Los Chiles, el IDH se desmejoró (véase tabla ubicada al final).

En el caso específico de Los Chiles, una cuestionable decisión de la Sala Constitucional en agosto del 2016 anuló una moratoria municipal por cinco años y causó una profunda indignación de muchos (véase nota de prensa). De siete magistrados, uno, Fernando Cruz, salvó el voto, indicando, entre muchos otros elementos probatorios públicos y notorios sobre los efectos negativos de la piña desatentidos por las autoridades nacionales, que:

“7- Ante las amenazas al ambiente, a la salud y al acceso al agua, el gobierno local está legitimado para dictar una medida temporal que permita evaluar los efectos de una actividad agroexportadora que podría ser dañina para los habitantes de la comunidad. Una actividad empresarial no puede desarrollarse puede provocar serios daños sociales e individuales. En este caso hay un posible daño a terceros, en este caso, toda la comunidad, que justifica un control temporal para reducir los riesgos de daños medio ambientales o a la salud. En la ponderación de bienes, dada la gravedad de las amenazas, se justifica una medida transitoria que evite graves daños a los ciudadanos, limitando temporalmente la libertad de empresa” (véase voto 11545-2016 de la Sala Constitucional del 12/08/2016).

Unos pocos meses después (febrero del 2017), la Sala Constitucional abriría un peligroso precedente, al declarar que el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). Con ambas decisiones, la Sala procede a una peligrosa deriva regresiva.

Foto extraída de nota titulada “Toxic pesticides on Costa Ricas plantations” (Swedwatch, 2012)

Los informes del Estado de la Nación, año tras año desde el 2008, incluyen referencias a los daños y al aumento de las denuncias que provoca la piña en Costa Rica, así como a algunas extrañezas que, salvo error de nuestra parte, no parecieran haber causado sonrojo alguno por parte de las autoridades mencionadas ni mucho menos generado explicación alguna. Por ejemplo, con relación a las comunidades de El Cairo y MIlano en Siquirres, se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que:

“En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).

El mutismo de las autoridades costarricenses sobre los efectos negativos de la piña no debe sorprender. En un reciente artículo de opinión de setiembre del 2017, un experto costarricense en gestión ambiental, el Dr. Allan Astorga, reiteró una pregunta formulada en el 2011 al Director de Aguas del Ministerio de Ambiente, que lleva varios años sin reponderla:

“En el 2011 tuvimos la oportunidad de plantear al siempre Director de Aguas del MINAE las siguientes preguntas, sin respuestas a la fecha: “¿Podría tal vez don José Miguel explicarnos, por ejemplo, qué ha hecho su Ministerio, para, en coordinación con el MAG y el Senara, evitar que se repita el desastre ocurrido con los acuíferos en el Cairo y Milano de Siquirres debido a la contaminación de plaguicidas por las plantaciones de piña alertada desde el 2005 por la UNA y confirmada en julio del 2007 por el Ministerio de Salud? ¿Dónde consta algún protocolo MAG/Minae/AyA/Senara al respecto para evitar, a modo preventivo, que se repita esta tragedia en otras partes del país? ”.

Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada “Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela” (Octubre 2017, Surcos Digital).

Una cadena de daños ante una expansión insensata del cultivo de la piña

A los problemas causados por la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de la riqueza biológica de los suelos, la contaminación del aire que se respira y que deriva en problemas para las comunidades aledañas, el aumento del factor erosión que produce la piña (con la consecuente sedimentación de los ríos y quebradas cercanos), el desplazamiento de los pequeños agricultores que cultivan granos y hortalizas, se añade otro problema que afecta gravemente a quiénes deben convivir con muchas piñeras: el mal manejo de los rastrojos de la piña causa la proliferación de una mosca, la mosca de establo, afectando directamente a los ganaderos costarricenses (véase nota del Semanario Universidad del 2012). Nótese que un Boletín de Parasitología del Ministerio de Agricultura (MAG) advertía del riesgo de proliferación de esta mosca con relación a la piña: su fecha de edición es del año 2003.

En este nota del 2016 de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), se menciona un proyecto con material nuclear para intentar erradicar esta plaga en Costa Rica, cuyo alcance no ha trascendido mayormente en medios de prensa nacionales (véase nota en inglés de la AIEA).

Con relación al TOP-10, según los mismos datos de la UNCTAD precitados (véase informe), el mercado mundial de la piña (cifras al 2014) en el que destaca la posición privilegiada de Costa Rica arroja las siguientes cifras:

Costa Rica: 2 126 929 – Philippines: 461 856 – Panama: 67 038 – Ecuador: 57 380 – Honduras: 51 258 – Mexico 41 271 – Côte d’Ivoire: 33 976 – Ghana: 33 175 – Guatemala: 25 091 – Malaysia: 23 585.

En el 2009, un interesante artículo publicado en El Financiero titulado “Insensatez piñera. Miopía empresarial y estatal abonaron graves secuelas” ya advertía del aumento vertiginoso de la piña constatado a partir del 2007.

Para el 2016, la piña generó a Costa Rica más de 900 millones de US$, contra 822 millones registrados anteriormente, con cuatro transnacionales al frente que controlan gran parte de la producción y los circuitos de comercialización (véase nota de prensa). La adquisición y compra de empresas nacionales por parte de transnacionales de la piña inició en el 2008 (véase nota sobre adquisición de 3000 hectáreas de piña), y se ha mantenido desde entonces. En este número especial de la Revista Ambientico (UNA) del 2008 se lee que:

“Según estudios del mismo CNP, hay cerca de 1.200 pequeños productores dedicados a la piña, produciendo alrededor del cuatro por ciento del total, que oscila entre 7 y 10 millones de toneladas métricas por año. El resto lo producen las grandes compañías, o sea, la riqueza generada por la piña queda mal distribuida” (p.3)

Empleos generados por la actividad piñera y discurso oficial 

Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica, presentados por el sector productivo y por las autoridades como una justificación incuestionable para expandir la producción, en el 2016, la ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por las cadenas de supermercados alemanes con base en un informe que detalla la condiciones inhumanas que prevalecen (“inhumane conditions which prevail“) en las plantaciones de piña (véase informeen inglés titulado “Sweet fruit, bitter truth“).

Este informe ha generado algunas dudas en Costa Rica, que no han provocado mayor reacción por parte de las entidades a cargo del tema laboral (su poca divulgación en medios de prensa nacionales puede en parte explicarlo).

De manera a ir paulatinamente aclarando el panorama, sería de cierto interés conocer cuántos de los “miles” de trabajadores (que según sus promotores, genera la actividad piñera) estan debidamente registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Las comillas usadas refieren a la ausencia de datos duros: en el 2009, mientras CANAPEP refería a 23.000 puestos de trabajo, las autoridades de Comercio Exterior referían a 7.000 puestos generados por la piña. Nos permitimos hacer ver esta notable discordancia numérica en su momento, sin causar aclaración o rectificación alguna por parte de alguna entidad (véase nota de El Financiero).

En el 2011 se pudo leer en este reportaje del Semanario Universidad sobre las condiciones laborales en algunas piñeras que:”Matándome puedo sacar ¢90.000 por quincena“. De la entrevista a la misma operaria se indica que: “Ella también ha sido testigo de cómo se contrata a inmigrantes nicaragüenses sin documentos, a quienes en ocasiones se les pagan salarios mucho menores al mínimo y los mantienen con la amenaza de llamar a Migración, para que los devuelva a su país“.

Ante esa realidad escazamente divulgada en medios de prensa masivos, el discurso oficial se ha mantenido desde el 2006 sin mayor variación con relación a los beneficios de la piña para Costa Rica. Pese a un gabinete que asumió en mayo del 2014 varios compromisos con el sector ecologista, y que se compone en parte por ex profesores universitarios de la UCR, los cambios en el discurso son imperceptibles cuando de piña se trata. En el 2016, se leyó por parte del actual titular de la cartera ministerial en materia agrícola en Costa Rica que:

“se trata de una actividad que “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de empleos de calidad” (sic.)

(véase nota del Semanario Universidad titulada “Moratoria piñera es deuda del gobierno“).

En marzo del 2017, al informarse del cese del Embajador de Costa Rica en China (véase nota de CRHoy), se leyó en esa misma nota, por parte del actual Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor de círculos sociales y académicos en Costa Rica:

“Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).

A modo de conclusión: un nuevo foro al que no asisten quiénes promueven la piña de exportación

Los errores cometidos con la MD-2 en la región de Siquirres en el año 2005 no parecieran haber dado lugar a rectificaciones por parte de las autoridades. El acueducto de Veracruz en Pital de San Carlos en el 2016 así lo confirma, con seis de siete nacientes contaminadas (véase nota de La Nación). Ante la ausencia de zonificación para prohibir la expansión de la piña en zonas vulnerables en Costa Rica, ¿cuántas fuentes de agua para consumo humano contaminadas siguen abasteciendo a pobladores en ausencia de un monitoreo permanente? Esta pregunta (y muchas otras) es válida, ante la poca capacidad del Estado para proceder a estudios fisico-químicos periódicos del agua declarada potable (mucha de esta agua es declarada potable con base en un único análisis bacteriológico, realizado por el operador, sea este local -Asada-, cantonal -Municipalidad-, o nacional -AyA-).

Los organizadores del foro realizado en el auditorio de la Escuela de Salud Pública de la UCR invitaron a representantes de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), del Sistema Nacional de Areas de Conservarción (SINAC) y del Ministerio de Ambiente (MINAE), quiénes optaron por declinar enviar a un expositor. En ocasiones anteriores esta ausencia fue también la tónica: a modo de ejemplo entre muchos, el título de esta nota refiere a la ausencia del MINAE a un foro realizado por la UCR para analizar la situación de un humedal como Caño Negro, declarado de importancia mundial (humedal RAMSAR); esta otra nota remite a un foro sobre el agua en Siquirres en el que las autoridades de salud rehuyeron también el debate. En el 2013, un funcionario del MAG consideró oportuno retirarse abruptamente de un foro sobre la piña convocado esta vez por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA), ante el estupor de sus tres integrantes y los presentes (véase artículo titulado “Costa Rica: Funcionario de Agricultura huyó de Foro sobre efectos negativos del cultivo de piña” disponible aquí).

El video del foro realizado por la Escuela de Salud Pública de la UCR está disponible desde ya en su integralidad en este enlace de YouTube y evidencia el interés del público presente en ahondar y profundizar las aspectos expuestos.

Desde el punto de vista político, el tema ambiental no parece ser tema de campaña en Costa Rica. Precisamente en un artículo publicado en Pagina Abierta (DiarioExtra) y en el sitio de Hablando Claro (Radio Columbia) el día 24 de octubre, titulado “Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?“, su autor, el Dr. Allan Astorga, ex Secretario General de la SETENA y especialista en evaluación ambiental escribe con relación a la piña (véase texto completo del artículo):

“El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental“.

Breve selección de artículos de opinión / notas periodísticas/ tésis y tesinas sobre el impacto social y ambiental de la piña de exportación (MD2 o Sweet Gold) en Costa Rica disponibles en la red:

ACOSTA PEREIRA E.(2008), “La Producción Piñera en Costa Rica: Un Análisis Integral de sus Implicaciones en el Cantón de Guácimo, Limón“, Universidad EARTH. Texto de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, disponible aquí.

ACUÑA G., (2004), “Diagnóstico: situación y condiciones de la agroindustria piñera en Costa Rica“. Informe elaborador por ASEPROLA. Texto disponible aquí.

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