La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: una no celebración teñida de tensión en Costa Rica

El pasado 22 de abril, entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en el 2018. Como se recordará, este innovador instrumento regional es el resultado de negociaciones realizadas entre el 2013 y el 2018, bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas).

El Acuerdo de Escazú en breve

 El nombre completo  del Acuerdo de Escazú, abierto desde el 26 de setiembre del 2018 a la firma de 33 Estados de América Latina y del Caribe (véase texto completo de su versión oficial en español) es: “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe“.

Al 22 de abril del 2021, este tratado regional ha sido firmado por 24 Estados y ratificado por 12 (véase estado oficial de firmas y ratificiones). Es de notar que entre el 2013 y el 2018, las negociaciones contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica: dos Estados que vergonzosamente, a la fecha no han ratificado este texto. En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo ni tan siquiera ha procedido a firmarlo. La declaración conjunta de junio del 2018 circulada por ambos Estados para celebrar el Día Internacional del Ambiente (véase texto  que aún está colgado en el sitio oficial de la diplomacia chilena) constituye el último compromiso oficial de ambos en favor de esta iniciativa.

La determinación de la fecha de entrada en vigor

Mientras un tratado internacional no es vigente, no ingresa plenamente al universo del derecho internacional público. Su contenido no víncula aún de manera obligatoria a los Estados que lo han ratificado, ni tienen estos cómo implementar los mecanismos o crear los órganos previstos dentro del tratado. En cada instrumento internacional se incluyen disposiciones que establecen de manera muy clara las condiciones para determinar la fecha exacta de su entrada en vigor.

¿Cómo se fijó la fecha de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú? Esta se calculó contando tres meses después de registrarse el número de ratificación número 11, según lo establece el Artículo 22, párrafo 1.

Al respecto, merece mención la coordinación muy precisa realizada por los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para realizar el depósito de su respectivo instrumento de ratificación el mismo día en Nueva York, el 22 de enero del 2021: de 10 Estados Partes, se pasó directamente a 12 Estados Partes. De esta manera, estos dos Estados enviaron una señal clara e inequívoca a la región y al resto de la comunidad internacional en favor de la democracia ambiental, permitiendo además hacer coincidir la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú con una fecha en la que se conmemora, a nivel internacional, el Día Mundial de la Madre Tierra: un gesto ejemplar para otras cancillerías, de cómo se puede transformar un sencillo acto protocolario en una gran celebración.

Sobre algunas actividades oficiales programadas para celebrar la entrada en vigor de Escazú

Entre varias actividades para celebrar la entrada en vigencia de este importante acuerdo regional se puede citar la que desde la CEPAL (entidad que auspició las negociaciones de este acuerdo regional durante más de 5 años y medio), se organizó con la participación oficial de los 12 Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véase programa), a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Cada Estado celebró oficialmente esta fecha: podemos por ejemplo citar este foro interministerial realizado por diversas carteras en Argentina (véase enlace oficial) y este otro evento realizado en Bolivia (véase nota de prensa);  y de paso, preguntarnos qué fue lo que ocurrió en algunos Estados para que no se registrara ninguna actividad oficial al respecto.

Cabe señalar que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su profunda complacencia por la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (véase comunicado de prensa), asi como Naciones Unidas, incluyendo un mensaje de su máximo representante, el Secretario General (véase comunicado de prensa oficial).

Sobre algunas actividades de otra índole para celebrar la entrada en vigor de Escazú

Se puede también destacar la feliz iniciativa gestada desde universidades de Argentina y de Francia para realizar varios módulos virtuales de capacitación sobre los alcances de este novedoso tratado regional para jueces,  operadores de justicia y organizaciones no gubernamentales (ONG): se trata del “Primer conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú. Enfoque Internacional, Regional y Nacional“, cuyo programa y formulario de inscripción (gratuita y abierta a todo el público) son disponibles aquí.

Siempre en Argentina, hay que recordar el esfuerzo de los académicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para ofrecer una de las publicaciones más completas existentes  en estos momentos sobre el Acuerdo de Escazú (330 páginas), la cual fue editada en el 2020 y cuyo texto completo está disponible en este enlace.

Es también en Argentina que se anunció la creación de un Foro Legislativo Ambiental en el seno de su Congreso este 21 de abril (véase nota), un formato que bien podría interesar a otros poderes legislativos en la región.

Es muy probable que otras iniciativas en distintas partes de América Latina y del Caribe vieron el día para celebrar la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú … sin Costa Rica

En Costa Rica, la situación incómoda de observar la entrada en vigor de un tratado internacional que lleva el nombre de uno de sus cantones sin figurar entre los Estados Partes fue más que palpable.

Más aún si se considera que Costa Rica lideró con Chile los cinco años, siete meses y siete días que duraron las negociaciones. Y más aún si se considera lo siguiente: a diferencia de Chile, en donde la pasación de poderes del 2018 significó un cambio abrupto de orientación política (con el estallido social que sacudió a Chile en el 2019 y parte del 2020), en Costa Rica, a partir de mayo del 2018, las nuevas autoridades electas pertenecen al mismo partido político que gobernó en el período 2014-2018.

A una extraña maniobra del Poder Ejecutivo de la semana pasada, consistiendo en convocar el Acuerdo de Escazú el 12 de abril para desconvocarlo 48 horas después (véase artículo del Semanario Universidad), volver a convocarlo y desconvocarlo nuevamente el pasado 24 de abril aduciendo temas sanitarios ligados a la pandemia, podemos observar otras más recientes en el Congreso: véase por ejemplo esta nota con audios de diputadas registrados en días recientes así como lo que quiso ser una maniobra de última hora de la fracción oficialista  (y que no lo fue) y este reciente artículo del Semanario Universidad. De última hora se informó desde el mismo 21 de abril que varios diputados se oponían rotundamente al Acuerdo de Escazú (véase esta nota del medio digital Delfino.cr y esta otra de CRHoy).

La sensación de incoherencia y de improvisación fue total, así como lo insólito que resulta la situación de Costa Rica, analizada esta vez desde la perspectiva internacional (véase entrevista radial al respecto). Como lo habíamos explicado en su momento, algunas cámaras empresariales costarricenses en octubre del 2020 circularon una serie de pronunciamientos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú  en el seno de la Asamblea Legislativa (Nota 1).

Más allá de los vaivenes de la política costarricense, este 22 de abril se realizó un foro (véase programa) convocado por la Facultad de Ciencias Sociales y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo video está disponible en este enlace.

Al  tiempo que, siempre desde la UCR, el Programa Era Verde de su canal de televisión (Canal 15 UCR) dedicó su emisión semanal al Acuerdo de Escazú.

Pese a una intensa campaña realizada por varias cámaras empresariales contra el Acuerdo de Escazú, el mismo 22 de abril se organizó un foro, por parte del exitoso medio digital Delfino.cr, para debatir públicamente sus argumentos; los representantes de la UCCAEP optaron finalmente por no participar (véase enlace al foro realizado, en el que se ponderaron los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú que sostiene la UCCAEP).

El 22 de abril del 2021: una ocasión propicia para realizar acciones diversas

No está de más decir que, de cara a esta importante conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra en este 2021, las organizaciones de la sociedad civil, la academia (Nota 2), el sector ecologista, los movimientos sociales y la prensa también fueron llamados a participar activamente: con respecto a esta última, varias agencias internacionales de noticias prepararon notas, entrevistas y artículos para el 22 de abril (véase por ejemplo esta nota de la DW alemana, este artículo publicado en ElPais de España y esta nota de Radio France Internationale, RFI).

En el ámbito nacional, se puede destacar el esfuerzo colectivo de varios medios peruanos que lanzaron el 22 de abril el video “Ratificación del Acuerdo de Escazú: la gran deuda ambiental en Perú” (véase video promocional).

Así como la deuda de Perú con el Acuerdo de Escazú es manifiesta, al haber sido frenada su adopción en el congreso peruano con base en argumentos falaces (y hasta … fantasiosos),  es muy probable que en América Latina, colectivos recordaron en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela que mantenerse distante del Acuerdo de Escazú resulta cada vez más insostenible.

Este artículo de El Desconcierto (Chile) ilustra muy bien el desconcierto que provoca la incoherencia del discurso de sus actuales autoridades en  materia ambiental, mientras que este otro publicado en El Nuevo Siglo (Colombia) explica el alcance de la ausencia de Colombia (Estado en el que más asesinatos de líderes comunitarios y ecologistas se registra).

En cuanto a la situación de la prensa en Costa Rica, nos permitimos recordar lo que se observó en marzo del 2018  y que se plasmó en unas reflexiones nuestras (véase texto) al señalar que:

“No hace falta mencionar que la escasa cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en la capital de Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.“

A modo de conclusión

El contar con 12 Estados que puedan oficialmente participar a la primera reunión de Estados Partes y darle vida a un tratado internacional como el Acuerdo de Escazú, constituye sin lugar a dudas un gran avance para la región y para la consolidación de la democracia ambiental. El hecho que Chile y que Costa Rica aún no figuren en este grupo de Estados puede ciertamente afectar su credibilidad a nivel internacional; no obstante, esta ausencia no afecta mayormente el proceso de consolidación de este innovador impulso en procura de un desarrollo económico mucho más equitativo e inclusivo y respestuoso de los derechos de cada ciudadano y colectividad en el continente.

En América Latina, el haber incorporado el tema del Acuerdo de Escazú en la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra constituyó una gran oportunidad para dar a conocer el alcance de las disposiciones normativas de este importante instrumento: en particular para informar sobre la vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente en la región y son regularmente noticia cuando son intimidados, amenazados, enjuiciados, o asesinados.

Notas—

Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., “ “¡Llegaron los mitos!”: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú“, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace.

Nota 2: Siempre en Costa Rica, referimos a un muy reciente y completo artículo publicado, cuya lectura completa se recomienda: PEÑA CHACÓN M., “Transparencia y rendición de cuentas en el estado de derecho ambiental“, Delfino.cr, edición del 17/4/2021, disponible en este enlace.

*Esta nota fue escrita por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica

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