La nacionalización de la lucha contra el narcotráfico

Cuando Evo Morales asumió la presidencia el año 2006, muchos pensaron que sería autorizado el libre cultivo de la hoja de coca. Pero la decisión del nuevo  gobierno fue racionalizar y disminuir la producción de la hoja de coca, diferenciando la producción en las áreas tradicionales permitidas por ley, y la producción excedentaria e ilegal que pretende expandirse hacia zonas no permitidas.

Era la continuidad de los lineamientos que permitieron, en octubre de 2004, el acuerdo con el gobierno de Carlos Mesa que autoriza un “cato” (40 x 40 metros) de coca por familia en el Chapare, con lo que se pacificó esa región que había sido escenario de las peores agresiones gubernamentales. Con esta salida concertada Evo mostró talla de dirigente social con proyección nacional, capaz de concertar para cortar el círculo de la violencia estatal. Para lograrlo primero tuvo que convencer a sus bases, mostrándoles un camino que neutralizaba el poder militar-policial con que varios gobiernos neoliberales quisieron imponer el “Plan Dignidad” elaborado el año 1998.

Claro que no eran esos gobiernos los que tenían voz de mando en la lucha contra el narcotráfico; era el gobierno de los Estados Unidos, por medio de la Drug Enforcement Administration (DEA), que definía estrategias, objetivos y métodos. Una de esas estrategias era la que postulaba “Coca Cero”, que significaba la militarización del Chapare, a través de la construcción de una base aérea militar en Chimoré y el despliegue de uniformados bolivianos bajo mando extranjero. De este carácter fue, por citar una, la nefasta experiencia de la “Fuerza Expedicionaria”, creada con mercenarios a fines de 2001. Parte de aquel plan fue también el intento de militarizar Yungas que ejecutó el ministro Guillermo Fortún (f) a mediados de ese mismo año. Todo este itinerario de violencia dejó un total de 106 muertos y dos centenares de heridos.

El gobierno de Evo Morales aplicó una estrategia completamente distinta -la racionalización y el control social de la producción de la hoja de coca- para disminuir las superficies netas destinadas a la producción de hoja de coca en Bolivia. Es una estrategia basada en la concertación con los propios productores, logrando acuerdos de reducción voluntaria y pacífica en el Chapare y Yungas. No se aplica la violencia estatal en esos lugares, tampoco métodos de indiscriminada fumigación aérea con herbicidas que destruyen la naturaleza. Pero se aplica la firmeza legal procediendo a la erradicación forzosa allí donde la producción de coca no está permitida.

Con esta estrategia y estos métodos es que se ha logrado revertir la tendencia al crecimiento de la superficie cultivada, disminuyendo de manera sostenida en los últimos años esa superficie hasta las 27.000 hectáreas actuales, lo que nos convierte en el país de la región andina con menor cantidad de cultivos. Cabe anotar que estos no son datos del gobierno, sino de una entidad multilateral plenamente reconocida como es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC).

El logro boliviano resalta más si lo comparamos con países como Colombia que tiene 62.000 hectáreas de coca, o Perú con 61.200 hectáreas. Ni con la presencia de la DEA, ni con la destrucción de cocales que supone el desplazamiento de los cocaleros, ni con las fumigaciones intensivas con glifosato y otros químicos han podido disminuir la producción de hoja de coca.

Pero los métodos son sólo una parte de la nueva estrategia boliviana, la otra es la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico. Por décadas fueron organismos norteamericanos que tuvieron injerencia en las decisiones en esta materia, lo que es sinónimo de injerencia política violatoria de la soberanía del país. Esto comenzó a acabar el año 2008 con la expulsión de la DEA y se ha consolidado este año con la salida de USAID. La DEA, que inició sus operaciones en nuestro territorio el año 1974, se ocupaba de controlar las labores de fuerza, en tanto USAID, presente desde 1963, trabajaba en proyectos de compensación en las zonas cocaleras y financiaba a instituciones dedicadas a propagar la ideología estadounidense anticoca y antidroga.

Con la nacionalización, Bolivia asume mayores responsabilidades en la parte logística, operativa y de inteligencia antinarcóticos. Realiza también un mayor esfuerzo fiscal que comenzó el 2008 con la asignación de 140 millones de Bs (20 millones de dólares) para reemplazar los recortes presupuestarios que desde el 2006 comenzó a efectuar Washington, como una forma de chantaje financiero mientras seguía insistiendo con sus cada vez menos relevantes “descertificaciones” anuales.

Desde la nacionalización ha subido el número de operativos antidrogas que efectúan fuerzas combinadas militares y policiales bolivianas. Ha aumentado la cantidad neta de incautaciones de droga y precursores. Se ha descubierto y destruido mayor número de laboratorios y pozas de maceración. Se han adoptado cada vez mejores mecanismos financieros contra el lavado de dineros negros. Se ha evitado que se asienten en nuestro país cárteles extranjeros de narcotraficantes, aunque, por supuesto, siempre intentarán operar sus sucios negocios, pero no pueden hacerlo en la escala ampliada y con la violenta acción territorial con que operan en México o Guatemala.

Seguramente falta hacer cosas o mejorar las que ya se están haciendo. Deben efectuarse mayores esfuerzos en la lucha contra el microtráfico de drogas en las ciudades, mayor control y hasta depuración en las fuerzas antinarcóticos, mayor eficiencia en fiscales y jueces. Se necesita también consolidar los esfuerzos nacionales en el espacio regional sudamericano, ya que estamos enfrentando al más globalizado de los negocios, cuya materia prima se produce en el hemisferio sur, cuyos circuitos de comercialización y distribución están en los cinco continentes, y cuyos mayores mercados de consumo, generación de excedentes y lavado de dinero están en los países desarrollados del hemisferio norte.

Pero estamos muy lejos de esos apocalípticos escenarios que se esfuerzan en construir analistas e instituciones privadas con financiamiento “made in USA”, empeñados en penalizar la hoja de coca y erradicar su consumo legal y tradicional. No olvidemos que una de esas instituciones, el CELIN, afirmaba hace algunos años por boca de su director cuando un periodista le consultó sobre este tema: “Si hasta el latín ha desaparecido como idioma, el acullicu cómo no va a desaparecer…”.

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