El partido colombiano FARC solicita amparo a la Comisión Interamericana de DD.HH

El abogado Diego Martínez, en nombre del partido FARC, presentó un petición de amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando además medidas cautelares para garantizar la integridad física de los ex-combatientes de las guerrilleras FARC-EP, que según la solicitud están siendo víctimas de una “política de exterminio”.

Martínez expresa en su alegación que: “hay una situación de gravedad, toda vez que está ocurriendo en contra del partido FARC, y sobretodo de los firmantes del acuerdo de Paz”.

A tres años y medio de la firma de los llamados Acuerdos de Paz de La Habana, entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, 197 ex-combatientes han sido asesinados mientras que la población de varios Espacios Territoriales Transitorios, zonas de asentamientos de los ex-guerrilleros, se han visto obligados a desplazamiento forzado debido a amenazas y acoso.

Igualmente se ha conocido de la realización de “chuzadas”, espionaje y seguimientos ilegales, por parte de la inteligencia militar, a lo que hay que sumar además diversas acciones directas de la fuerza pública en contra de ex-guerrillero. Según datos de la propia Fiscalía colombiana el 90% de los casos reportados de asesinatos no han sido resueltos y siguen gozando de impunidad.

En su exposición el abogado Diego López expresa: “queremos evitar un exterminio contra un grupo nacional, que es lo que está ocurriendo”,  recordando así mismo al CIDH que: “los derechos humanos que se encuentran en el Acuerdo son de obligatorio cumplimiento”.

En su apelación el partido FARC recuerda al CIDH, el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno de los acápites relativos a: la seguridad personal, la reforma política y la política agraria acordada.

El CIDH forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus decisiones comprometen a los Estados que forman parte de la OEA. De acuerdo a especialistas ahora la OEA debe proceder a una investigación de los hechos denunciados, para posteriormente decidir si adopta medidas cautelares destinadas a proteger a los ex-combatientes de las FARC-EP, sus familiares y la población civil relacionada.

El incumplimiento de una parte sustancial de los Acuerdos de Paz por parte del Gobierno, sumado a la reiteración de asesinatos de ex-guerrilleros, ha llevado a que parte de los antiguos integrantes de las FARC-EP hayan vuelto a tomar  las armas. Las denominadas “disidencias de las FARC” se calcula que agrupan a entre 1.500 y 2.000 efectivos, aproximadamente un 15% de los integrantes de la más antigua organización guerrillera latinoamericana.



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