Movimientos políticos en Euskal Herria

Siempre acosados pero más vivos que nunca
El Estado español nunca ha dejado de acosar al independentismo vasco. Antes de la ilegalización, desde su nacimiento, las expresiones políticas de la izquierda abertzale han sido perseguidas y sus militantes detenidos, torturados y muertos en atentados. Pese a ello, el proyecto ha seguido adelante y tiene continuidad histórica.

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Iñaki IRIONDO

El independentismo vasco siempre ha tenido que enfrentarse a las trabas, legales e ilegales, que le ha puesto el Estado español. Mientras tras la muerte del dictador Francisco Franco el resto de los partidos políticos fueron obteniendo su legalización, en julio de 1977 el Ministerio del Interior comunicaba su decisión de no legalizar los partidos independentistas vascos. En octubre denegaba los papeles a EIA, LAIA y HASI. La propia legalización de Herri Batasuna fue una continua carrera de obstáculos entre 1980 y 1986.
En diciembre de 1997, la Mesa Nacional fue condenada y encarcelada por «colaboración con banda armada» al intentar difundir un vídeo en el que ETA explicaba su Alternativa Democrática. En 1999, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia y los 23 mahaikides fueron excarcelados. En 2002, Batasu- na fue suspendida judicialmente por la Audiencia Nacional y en 2003 el Tribunal Supremo dictó la ilegalización de Batasuna y de las siglas Euskal Herritarrok (EH) y HB. Además, decenas de dirigentes independentistas están pendientes de juicio por diversas causas -la mayor es la conocida como «caso de las herrikos»-, pero se acumulan los juicios con la acusación de tratar de reconstruir Batasuna o por «la utilización» de EHAK y EAE-ANV.
Herri Batasuna nació en abril de 1978 como plataforma estable de los partidos que constituían la Mesa de Alsasua: ANV, ESB, HASI y LAIA. Era una alianza electoral pero pretendía ser algo más. El nombre de la coalición fue idea del historiador Joseba Agirreazkuenaga. Pronto comenzaron a crearse las asambleas de apoyo a HB, que en cada pueblo y barrio agrupaban a gentes que no necesariamente pertenecían a alguno de los cuatro partidos que conformaban la coalición, sino que participaban en la misma como independientes y tuvieron un gran peso político en las bases y en la dirección.
Desde su nacimiento, HB tuvo que soportar la hostilidad del Estado, y también la de la parte del nacionalismo vasco que había apostado por buscarse un hueco en el sistema político español. Sirva como ejemplo la doble convocatoria de manifestación en Bilbo el 28 de octubre de 1978: el PNV llamó a sus militantes a manifestarse contra ETA en la que posteriormente se conoció como la «manifestación de las palomas»; HB convocó otra marcha con el lema «Atzoko eta gaurko gudarien alde». La concentración del PNV fue protegida por las fuerzas de la Policía española, mientras que a la de HB ni siquiera se le permitió desplegar la pancarta y las cargas policiales causaron cinco heridos graves. La prohibición de sus manifestaciones ha sido una práctica común que todavía se mantiene en muchas ocasiones y en la represión de las mismas han intervenido tanto la Guardia Civil como la Policía Española y la Ertzaintza. El color del uniforme nunca ha sido un obstáculo para la persecución del independentismo.
Lo primero, a la cárcel
Pero los ataques a HB no se limitaron a los pelotazos y las carreras delante de «los grises». En febrero del 79, como consecuencia de diversas protestas que tuvieron lugar en Gasteiz contra la situación de los presos vascos, fueron detenidas más de 40 personas entre militantes de HB y LKI. El juez Siro García decretó el ingreso en la prisión de Langraitz de aproximadamente la mitad de ellos, entre los que se encontraban la mayoría de dirigentes de Herri Batasuna. La causa, según el juez, fue la de haber declarado en euskara.
Tras una huelga general que paralizó prácticamente Gipuzkoa, los detenidos fueron puestos en libertad con la excepción de Telesforo Monzón, acusado de «apología del terrorismo». Monzón, a sus 74 años, iniciará una huelga de hambre que deteriorará su salud hasta temerse por su vida. El 1 de marzo se iban a celebrar elecciones al Congreso y el Senado y el primer candidato por Gipuzkoa se encontraba en la cárcel de Langraitz. La formación independentista obtuvo 172.110 votos y Telesforo Monzón supo que había sido elegido mientras permanecía, gravemente enfermo, hospitalizado bajo custodia policial. No fue puesto en libertad hasta el 10 de marzo. Poco más tarde, el fiscal general del Reino, José Manuel Fanjul, ordenó, a petición del Gobierno, un nuevo procesamiento a Monzón por las declaraciones efectuadas a corresponsales extranjeros en una rueda de prensa ofrecida por HB. En el mes de noviembre, el Congreso concedió el suplicatorio para que tanto Francisco Letamendia, Ortzi, como él pudieran ser procesados. La represión acompañó a Monzón hasta después de su muerte en 1981: cuando su cuerpo era trasladado para el entierro, fue secuestrado por las FSE y llegó a Bergara rodeado por tanquetas policiales.
Controles e incontrolados
En estos tiempos en los que la seguridad de los cargos públicos ocupa buena parte de la agenda política, es posible que muchos hayan olvidado el acoso que han sufrido alcaldes y concejales abertzales.
En setiembre de 1979, el alcalde de Hernani, Juanjo Uria, miembro de HB, salió ileso de un atentado contra su persona. Ese mismo mes, Tomás Alba Irazusta, de 42 años, concejal de HB en Donostia, tuvo menos suerte: recibió dos disparos de elementos parapoliciales en la localidad de Astigarraga, a las 2.10 de la madrugada del 30 de setiembre, cuando se dirigía hacia su coche aparcado a una treintena de metros del caserío donde había ido a cenar. Mikel Arregi, edil del Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz, fue abatido por la Guardia Civil en un control de carretera el 11 de noviembre de 1979. El 23 de julio de 1980 un explosivo destinado contra la guardería Iturriaga de Bilbo, dirigida por la compañera de Antton Artiñano, concejal de Zeberio, provocó la muerte de tres personas, entre ellas una joven embarazada de nueve meses. El 30 de agosto de ese mismo año, un nuevo atentado de grupos parapoliciales acabó en Ondarroa con la vida de Ángel Etxaniz, militante de HB.
El 4 de noviembre de 1988 un comando parapolicial secuestró durante tres días al concejal de Herri Batasuna en el municipio de Hondarribia Fermín Urtizberea. El 15 de mayo de 1989, el parlamentario abertzale en Nafarroa Patxi Erdozain salió ileso de un atentado con carta-bomba. El cartero de Errenteria José Antonio Cardosa resultó muerto el 20 de setiembre de ese año por la explosión de una carta dirigida a Idelfonso Salazar, militante de HB.
Durante 1991 cinco miembros de Herri Batasuna sufrieron otros tantos atentados. Jon Idigoras recibió una carta-bomba que no llegó a estallar, mientras que vehículos de militantes de la coalición fueron incendiados en Orereta, Gaztelu y Lizarra. Con la quema de este último coche, propiedad del concejal Patxi Lage, sumaban ya 35 los vehículos de militantes de la izquierda abertzale quemados en los últimos años. En Ziordia una bomba estalló en la empresa de José Ignacio Flores, miembro de HB.
En dos ocasiones, los atentados de paraestatales han apuntado y hecho diana en importantes miembros de la dirección independentista. El 20 de noviembre de 1984 Santi Brouard, miembro de la Mesa Nacional y presidente de HASI, era abatido por balas mercenarias en su consulta de pediatra en Bilbo. Cinco años más tarde, Josu Muguruza moría e Iñaki Esnaola resultaba gravemente herido en un atentado en el Hotel Alcalá de Madrid.
El primer macroproceso, por cantar
El 4 de febrero de 1981, el Rey de España se encontraba de visita en Euskal Herria y comenzaba a pronunciar un discurso ante los parlamentarios de la CAV reunidos en la Casa de Juntas de Gernika. Con las primeras palabras, los parlamentarios de HB y LAIA se levantaron y comenzaron a cantar el «Eusko Gudariak». Fueron desalojados sin contemplaciones por los «hombres de Berrozi» -embrión de una Ertzaintza todavía no creada- y por un servicio de orden formado por militantes del PNV. Una fuerza dudosamente legal para velar por la seguridad en un acto oficial.
Aquella acción tuvo una fuerte respuesta represiva. En mayo, el ministro de Interior, Juan José Rosón, ordenó la detención de todos los cargos públicos de Herri Batasuna. En la madrugada del 8 de mayo, 25 electos de HB de Nafarroa, 18 de Gipuzkoa, 9 de Bizkaia y 11 de Araba fueron detenidos. Al día siguiente la ofensiva policial se desplazaba hasta la rueda de prensa que ofrecía Herri Batasuna denunciando esos hechos. Francisco Letamendia, Periko Solabarria, Jon Idigoras, Mikel Arizaleta, Joselu Cereceda y Karmel Etxeberria fueron arrestados después de exponer sus argumentos ante los periodistas. El rosario de actuaciones judiciales y detenciones contra los parlamentarios de Herri Batasuna no terminaría hasta 1994, con la absolución por aquellos hechos.
El Estado español nunca ha asimilado la labor política del independentismo vasco. A lo sumo, la ha soportado, pero siempre mostrando su incomodidad. Una veces lo ha hecho no pagando las subvenciones que debía y otras, como se ha visto, recurriendo a sus matones o a leyes de excepción.
La última expresión de esa intolerancia ha sido la ilegalización de sus siglas, que todavía se mantiene, la extensión de la prohibición a todo tipo de candidaturas que pretendieran llevar su ideario político a las urnas y el masivo encarcelamiento de militantes y dirigentes. Pero eso no ha acabado con el proyecto independentista de izquierdas que ha recuperado el protagonismo político en estos últimos tiempos.


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