Comienza el curso político tras unas vacaciones que no lo han sido para el acoso y los recortes – Gara
Gara.El comienzo del nuevo curso político llega marcado por un verano en el que la atención se ha centrado en las fuerzas soberanistas de izquierda vascas en forma de acoso político y mediático. Acoso burdo y sin disimulo, incluyendo el mal gusto y el insulto a los cargos electos de Bildu, a los familiares de los presos políticos vascos y a cualquier manifestación de solidaridad o exigencia de respeto a los derechos civiles y políticos. El último capítulo de esa persecución ha sido la imputación del alcalde y dos vecinas de Leitza «por enaltecimiento del terrorismo». Y ahora, de nuevo, es el turno de los rumores interesados sobre posibles comunicados. Cualquier cortina de humo es válida para el Estado español en una situación económica y política más que delicada. Así lo demuestra el hecho de que hayan tenido que recurrir a la época vacacional para llevar a cabo más recortes sociolaborales, preparar la bancarización de las cajas de ahorro y hasta acometer la reforma de la hasta hace doce días intocable Constitución española.
El PSOE compite con el PP en dureza contra la izquierda abertzale y el independentismo vasco en general, pero se trata de una pugna principalmente electoral, pues las políticas que unos aplican y las que los otros proponen en materia económica y fiscal tampoco difieren sustancialmente y se pueden resumir en el mero seguimiento de las directrices neoliberales procedentes del eje franco-alemán y de los centros financieros de poder. Por eso no extraña que PSOE y PP hayan aparcado sus diferencias y se hayan unido, como hicieran PSE y PP en la CAV y en Nafarroa PSN y UPN, para acordar esa reforma que pondrá al déficit un techo con el más alto rango legal, tal y como las mencionadas directrices demandaban. Al igual que toda la política económica desarrollada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, esta reforma constitucional busca tranquilizar a los inversores, hacer frente a la desconfianza de ese eufemismo llamado «mercados». Y en escasos días, sin debate y sin contar con nadie, los dos grandes partidos españoles acordaron los términos de la reforma, así como la conveniencia de no someterla a referéndum.
Resulta inevitable reparar en un extremo que durante treinta y tres años ha sido constantemente señalado por las fuerzas constitucionalistas, especialmente ante las reivindicaciones emancipadoras de los llamados nacionalismos periféricos, cual es el grado de consenso en torno a la Constitución española, consenso ratificado por los ciudadanos del Estado español. Ése era el argumento principal para no incluir el derecho de autodeterminación en la Carta Magna. De ese modo, como recientemente recordaba el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, la única posibilidad para los partidarios de cambiar el estatus jurídico actual era que todos los españoles aprobasen dicho cambio, toda vez que cualquier modificación del territorio les afectaría directamente. Sin embargo, la reforma constitucional aprobada anteayer por el Congreso de Madrid, que rechazan contundentemente las fuerzas de izquierda y soberanistas, sindicatos y movimientos sociales de todo el Estado, también les afecta y, al igual que a los ciudadanos de Hego Euskal Herria y otras naciones, se les niega el derecho a decidir sobre ella. Curiosa soberanía que, dicen, reside en el pueblo español. Aquel gran consenso, que en Hego Euskal Herria tuvo un claro desmarque, se reduce ahora a los dos grandes partidos del Estado.
Ante el déficit democrático, alianza soberanista
Y es que los métodos democráticos no son su fuerte, ni en Madrid ni en Gasteiz. El pasado martes, en la apertura del curso político en la CAV, los miembros del Gobierno del PSE se reunían en el palacio Miramar y aprobaban el proyecto de Ley Municipal, que será debatido en el Parlamento de Gasteiz, un parlamento en el que falta una buena parte de la representación de los ciudadanos de esos tres territorios -ni más ni menos que la que cuenta con mayor número de representantes municipales- y que gracias a esa exclusión nombró lehendakari a Patxi López. Éste, tras el Consejo de Gobierno, resaltaba la pluralidad de las sociedad vasca, reflejada en sus instituciones; sin embargo, precisamente la que él preside es el peor ejemplo de esa pluralidad.
Si el adelanto de las elecciones estatales puso sobre la mesa la oportunidad de las fuerzas soberanistas vascas de acudir a Madrid no con intereses partidistas, sino como sujeto de derecho de decisión, tras la reforma constitucional y la peripecia de un PNV nervioso que presentaba una enmienda a dicha reforma pidiendo la inclusión en ella del derecho de autodeterminación, consciente de la imposibilidad de que prosperase, aparece más clara si cabe la necesidad de aunar fuerzas para acudir a Madrid en clave de país.
La presidenta de UPN, Yolanda Barcina ha venido avisando del «peligro» de la alianza abertzale, y recientemente ha anunciado que propondrá un acuerdo con el PP de cara al 20-N. Ese temor de Barcina no es infundado, menos aún tras la decisión de la asamblea de Aralar, que ayer se mostraba favorable a la opción acudir a esas elecciones con la izquierda abertzale, EA y Alternativa.
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