Brasil en el laberinto

Las reformas políticas propuestas por Dilma Rousseff luego de las movilizaciones sociales se diluyen en una interminable discusión entre aliados y opositores

Mientras la Constitución brasileña cumple veinticinco años de ejercicio pleno, en el país vecino se debate la necesidad de reformar el sistema político para acortar la brecha que separa a la dirigencia partidaria del resto de la población. Las protestas masivas de junio pasado pusieron nuevamente en agenda una crisis de representación que tiene raíces más antiguas y se arrastra desde la vuelta de la democracia. Como quedó evidenciado, la apatía y el descontento político subsisten pese al crecimiento económico experimentado en los gobiernos petistas, y los escándalos de corrupción sucedidos en los últimos años agravan el escenario.

Durante las manifestaciones, Dilma Rousseff interpretó el reclamo en este sentido, y propuso la realización de un plebiscito para crear una convención constituyente que se ocuparía exclusivamente de este tema. La presidenta señaló la necesidad de trabajar sobre cinco puntos específicos: el financiamiento público de los partidos, el sistema electoral, las suplencias de los legisladores, la conformación de coaliciones en elecciones parlamentarias y el voto secreto en ambas Cámaras.

Pero la presión del Congreso la llevó a desistir de tal propuesta. Dilma se vio obligada a optar por la creación de un grupo de labor parlamentaria que trabaje en un proyecto de reforma. La jugada apunta a construir un consenso entre los legisladores para fortalecer la posición del Ejecutivo.

La reforma política es un viejo anhelo del Partido de los Trabajadores. El ex mandatario Lula da Silva realizó varios intentos por introducir innovaciones en el sistema electoral que reduzcan el personalismo y refuercen la disciplina partidaria. Todos sus intentos fracasaron por la falta de apoyo parlamentario.

Sin dudas, hay razones para que los legisladores mantengan una posición de cautela. Entre abogados y politólogos es conocido que toda reforma política siempre implica ganadores y perdedores, pero es muy difícil saber a priori quiénes quedarán de un lado y quiénes del otro. Entre los partidos que más se han resistido a una reforma profunda están el PMDB, principal aliado del PT y bandera política del vicepresidente Michel Temer, y el opositor PSDB, del gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin. Ambas fuerzas creen que la reforma propuesta podría beneficiar al PT.

La sospecha tiene sus fundamentos: la prohibición de financiamiento mediante donativos privados podría significar una ventaja circunstancial para el oficialismo, que actualmente controla el presupuesto nacional. Del mismo modo, la prohibición de coaliciones parlamentarias perjudicaría a los partidos más chicos y beneficiaría a los mejor organizados. Mientras tanto, el grupo de diputados que trabaja en la reforma ya llegó a un acuerdo para dejar sin efecto la posibilidad de reelección y actualmente discute la unificación de todas las elecciones en un mismo año.

Según una encuesta de la agencia IBOPE realizada en agosto pasado, más del 85% de la población consideraba necesaria una reforma antes de las elecciones de 2014. Sin embargo, el coordinador del Grupo de Labor Parlamentario, el diputado  Cándido Vaccareza (PT), aclaró que “lo que nosotros aprobemos aquí valdrá para 2016 o 2018”. Y agregó: “No me cabe a mí hacer demagogia”. Es que una ley especial determina que toda reforma política sólo es aplicable transcurrido un año de su aprobación. En los meses siguientes se definirá el futuro del proyecto. Todo indica que, una vez más, la reforma política podría perderse en su propio laberinto.

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