La Fiscalía alega que Sortu es «un riesgo» para la democracia española
El independentismo vasco, en los tribunales españoles
La Fiscalía presentó ayer un extenso documento de alegaciones ante el Tribunal Constitucional para demandar la no legalización de Sortu, por considerar que este partido constituye «un riesgo para el estado democrático». A su entender, cumplir la Ley de Partidos no es suficiente.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Frente a la petición de la defensa de Sortu de que el Tribunal Constitucional tome una decisión a tiempo para que pueda concurrir a las próximas elecciones en coalición, si así lo desea, la Fiscalía parece haber optado por abrumar a los jueces con un extenso escrito de 198 folios. La mayoría de ellos, sin embargo, son la reproducción de su propia demanda ante el Supremo, del auto judicial y del recurso presentado por Iñigo Iruin y Adolfo Araiz. Y todo para, tratando de aprovecharse de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre Batasuna, concluir que la ilegalización de Sortu supone «una necesidad social imperiosa por suponer un riesgo para la sociedad democrática española».
La Fiscalía propone una cadena de acusaciones. Recuerda que en la sentencia de ilegalización de 2003, Batasuna fue declarada «sujeto real único» junto con ETA. Añade que «la mera existencia de ETA supone un riesgo», puesto que -a su entender- «el riesgo cierto de posibles atentados de la banda terrorista sigue existiendo». Como «no hay una ruptura clara» de Batasuna con ETA, «el riesgo que supone la banda se trasmite sin solución de continuidad a Batasuna». Y como Sortu es una pantalla de Batasuna, Sortu es un riesgo. Luego debe prohibirse.
Nuevas exigencias
Frente a quienes consideran que las reformas introducidas en la legislación española permiten legalizar Sortu y actuar contra el nuevo partido en caso de que se observen indicios para ello, la Fiscalía da la razón al Supremo, que dijo que esas reformas son para reforzar la legislación existente, no para sustituirla.
Pero la Fiscalía va más allá incluso de la Ley de Partidos, y señala que se debe exigir a Sortu «un reconocimiento incuestionable de las víctimas del terrorismo de la banda ETA y una posición clara e indubitada de disolución» de esta organización.
Es más, la Fiscalía le pretende recordar al Tribunal Constitucional que en esta ocasión no se trata de permitir la participación política de «una formación integrada por partidos eminentemente democráticos en colusión con miembros procedentes de una cierta izquierda abertzale», en una clara referencia a su decisión de permitir a Bildu presentarse a las elecciones municipales y forales, sino de legalizar un partido que es clara- mente sucesión de Batasuna. Es decir: todo «un riesgo para el Estado democrático».
La izquierda abertzale ve que el Estado «le tiene pavor a la libre confrontación de ideas»
La izquierda abertzale considera que la sentencia «escrita de antemano» por el llamado «caso Bateragune» o los intentos de impedir la inscripción de Sortu como partido político muestran que «el Estado y sus gestores políticos le tienen verdadero pavor a una situación de libre confrontación de ideas y proyectos». Y, al tiempo que asegura que «ninguna detención, juicio o sentencia» le va a sacar «del camino emprendido», hace un llamamiento a participar en las concentraciones que se realizarán hoy y en la manifestación convocada para el sábado en Bilbo.
En una rueda de prensa ofrecida en Bilbo, Niko Moreno, Tasio Erkizia, Maribi Ugarteburu y Miren Legorburu señalaron que los golpes judiciales son un intento del Estado de ocultar su debilidad, porque no tiene oferta política para responder a las exigencias de Euskal Herria. Además, lo ven también como un intento de abortar la estrategia de la izquierda abertzale.
Señalaron igualmente que se pretende generar frustración en la sociedad vasca, con el «mensaje de que se haga lo que se haga en Euskal Herria, la voluntad de la ciudadanía vasca siempre chocara con la represión estatal, bien en forma de policía uniformado, bien en forma de juez togado».
Los portavoces de la izquierda abertzale criticaron también al PSE y «al Gobierno de López y Ares», que, «tras acceder a Ajuria Enea gracias a una mayoría trucada y trampeada», han subsistido «creyéndose su propia realidad virtual» por «su incapacidad para adaptarse a la nueva realidad». Y al PNV le pidieron que, en lugar de estar interpelando siempre al independentismo, «aclare su postura y demuestre cuáles son sus compromisos con la nueva era abierta en Euskal Herria».
La izquierda abertzale sostiene que «no va a fallarle a su pueblo. Y ninguna detención, juicio o sentencia va a sacarnos del camino emprendido». E invita a responder a los golpes judiciales «en términos populares y democráticos. Hay que avanzar como pueblo. A más cerrazón y represión, más proceso, más pueblo en marcha». GARA
Urkullu, que habló con Zapatero, exculpa al PSOE
El presidente del EBB , Iñigo Urkullu, admitió ayer que puede haber impulso político en la sentencia de Bateragune, «pero no por parte del PSOE». Lo dijo a pesar de la dependencia orgánica de la Fiscalía, que fue quien mantuvo las acusaciones.
Ayer se conoció que Urkullu se reunió el 20 de agosto con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para hablar de la situación económica y la paz. Un mes antes, en julio, mantuvo un encuentro con el líder del PP, Mariano Rajoy, para abordar las mismas cuestiones.
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